La movilización popular en defensa del patrimonio cultural de Santoña sigue dando pasos y avanzando en su propósito de evitar que la política urbanística se lleve por delante lo que muchos vecinos del municipio consideran una joya a proteger. El último movimiento tiene que ver con la judicialización de un caso que ha provocado protestas y cruce de acusaciones por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el área del Palacio de Chiloeches o antiguo hospital militar.
Y es que el colectivo conformado el pasado mes de diciembre como Plataforma en Defensa de Chiloeches ha formalizado recientemente su conversión en asociación, bajo el nombre de Asociación para la Defensa del Patrimonio de Santoña. Entre los objetivos de la nueva asociación, según ellos mismos subraya, está “la promoción y protección del patrimonio histórico santoñés, así como revertir la situación de permanente amenaza que viene padeciendo ante la constante presión de la especulación urbanística y la falta de sensibilidad de la administración local”.
Ahora, a través de un comunicado remitido a los medios, esta organización ha dado a conocer su primera medida oficial, que ha sido la presentación de una demanda ante el contencioso-administrativo contra la modificación puntual del PGOU de Santoña, con el fin de “detener los planes especulativos del Ayuntamiento tendentes a la demolición parcial del histórico edificio para construir viviendas”.
La novedad es que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite dicha demanda y ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento para responder a la solicitud de medidas cautelares planteadas por esta Asociación, que exige paralizar la ejecución del derribo.
Desde la Asociación valoran “muy positivamente” esta decisión judicial, que señalan como “fruto de la lucha infatigable que vienen manteniendo varios ciudadanos y colectivos santoñeses” desde que, en enero de 2014, se aprobase el convenio urbanístico entre los propietarios del antiguo hospital y el Ayuntamiento de Santoña.
Este colectivo asegura que se trata de un convenio “oneroso” para Santoña y “lesivo” para los intereses de los vecinos, por lo que esperan que la justicia lo acabe declarando nulo y se pueda volver al planeamiento anterior a la modificación puntual.