El Gobierno iniciará en febrero el proceso participativo para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda de Cantabria

El Gobierno de Cantabria quiere aprobar la Ley de Vivienda que tanto tiempo llevan reclamando colectivos sociales de este ámbito como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Para ello, la Consejería que dirige Ana Belén Álvarez (PSOE) iniciará a lo largo de este mes de febrero el proceso participativo que definirá algunas de las líneas maestras del proyecto. 

Y en ese punto, el Ejecutivo autonómico se entrevistará de manera individual con distintos agentes sociales, así como con arquitectos, aparejadores, entidades financieras y representantes del sector inmobiliario con el objetivo de identificar demandas y necesidades sociales pendientes de ser cubiertas. 

Concretamente, los encuentros arrancarán a finales de este mes, cuando la Dirección General de Vivienda finalice un informe sobre el acceso a la misma en la comunidad. La PAH y STOP Desahucios, el Colegio de Arquitectos de Cantabria, la Asociación Cántabra de Constructores y Promotores, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas, la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social y representantes del sector bancario hipotecario, del sector inmobiliario y de asociaciones de vecinos como FECAV, FAAVV y FCM serán los colectivos que participarán. 

La Consejería tiene intención de que tras estas entrevistas individuales se organizará una jornada en marzo en la que participarán todos con el fin de contrastar el borrador del diagnóstico de la situación de la vivienda en Cantabria derivado del informe y de los encuentros previos. 

“Explorar respuestas y soluciones innovadoras a las necesidades sociales y materiales en este asunto es el principal objetivo del proceso de participación impulsado por el Gobierno, en el que, además, se estudiarán prácticas llevadas a cabo en otras comunidades que pudieran aplicarse en Cantabria”, explican desde la Dirección General de Vivienda. 

Algunas de ellas son la salida al mercado libre de vivienda vacía, políticas de vivienda que promuevan la cohesión social, como el cohousing o las residencias intergeneracionales, políticas de rehabilitación y fórmulas alternativas de acceso de a la propiedad y el alquiler como el leasing o la masovería urbana, o como el derecho subjetivo a la vivienda recogido en la ley que ya está en vigor en el País Vasco mediante disposición de una vivienda o prestación económica, o la introducción de la perspectiva de género en la misma. 

Con este proceso participativo el Ejecutivo cántabro quiere dar un paso más en su compromiso de aprobar esta vieja reivindicación social que quedó pendiente en la pasada legislatura y que una vez elaborado en forma de proyecto de ley deberá pasar por el Consejo de Gobierno y el Parlamento de Cantabria para su redacción final.