La Justicia investiga a la promotora de la película que recibió un millón de euros de Cantabria y no llegó a estrenarse
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha abierto diligencias previas contra la productora de cine y el promotor de la película 'Cuervos', el proyecto cinematográfico financiado con un millón de euros por parte del Gobierno de Cantabria durante el mandato del PP que nunca llegó a ver la luz.
Y es que el largometraje, rodado en 2014, recibió un aval del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), un organismo dependiente del Ejecutivo autonómico, que se ha visto obligado a hacer frente a la cuantía del mismo por el incumplimiento del contrato firmado con los promotores.
Ahora, la Justicia admite a trámite la querella interpuesta por este organismo público contra la productora North Cinema Entertainment S.L. y el director y productor de cine Emilio Ruiz Barrachina y comienza a investigar los hechos denunciados que pueden ser constitutivos de un delito de “insolvencia punible”. El auto, fechado a 29 de julio y al que ha tenido acceso eldiario.es, cita a declarar a Barrachina en calidad de investigado el próximo 7 de noviembre.
La demanda, impulsada por el Gobierno de Cantabria en 2016, pretende recuperar el millón de euros de dinero público -755.000 del aval más otros 150.000 de intereses, gastos y costas procesales del procedimiento judicial- que el Ejecutivo encabezado por el expresidente, Ignacio Diego (PP), destinó a una película que no ha llegado a las salas de cine y que no ha tenido siquiera un estreno oficial.
Y es que la intención del Gobierno del PP de “convertir Cantabria en un plató”, con el rodaje de varios proyectos cinematográficos con escasa repercusión tuvo su mayor fracaso con este largometraje, llamado a participar en los certámenes de cine más importantes del país en 2015 y que se quedó en el cajón.
Justificación del PP
El PP justificó el aval concedido a la película asegurando que “cumplía todas las garantías”. “El ICAF concedió un aval que estaba ligado a las ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y que incluye la responsabilidad patrimonial de los productores”, señalaron los entonces responsables de Economía, apoyando la decisión del departamento de Juan José Sota (PSOE) -consejero del área en el bipartito PRC-PSOE de la legislatura posterior- de reclamar la cantidad adeudada.
El thriller “oscuro y claustrofóbico”, como lo definieron sus productores, tuvo como escenario principal la Finca Museo del Marqués de Valdecilla, en el municipio cántabro de Medio Cudeyo, dirigido por la entonces alcaldesa María Antonia Cortabitarte (PP). El rodaje se celebró durante 21 días en el mes de marzo de 2014 y tuvo otras reconocidas localizaciones dentro de la comunidad autónoma, como el Parque Natural de las Dunas de Liencres o la playa de La Arnía.
Pese al apoyo económico de las administraciones públicas, el rodaje se realizó con las prisas propias del que cuenta con un presupuesto ajustado y el casi medio centenar de personas que formaron el equipo técnico de la película tuvieron que superar distintos sobresaltos, como las condiciones meteorológicas, que complicaron la grabación durante las tres semanas en las que estuvieron en Cantabria, algo que influyó también en el resultado final de la cinta.
Según apuntaron a eldiario.es desde la Consejería de Economía, la grabación fue “un desastre” y resultado final es “un producto muy lejano a la promoción turística que se pretendía realizar”.
