Los otros 'agujeros' en las cuentas de las empresas públicas de Santander
La dimisión de la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial de Santander, Noelia Espinosa (PP), acusada de apropiación indebida de fondos públicos en la sociedad municipal Santurban por parte del equipo de Gobierno del que formaba parte hasta este mismo lunes ha despertado las críticas unánimes de la oposición en el Ayuntamiento, que lleva años denunciando la “opacidad” y “falta de fiscalización” en las cuentas de estos organismos dependientes del Consistorio santanderino.
El caso de Espinosa está ya en manos de la Fiscalía por un desvío de dinero de 6.270 euros entre octubre y junio, que ella misma ha reconocido al reponer el dinero una vez destapada la trama. Sin embargo, los grupos políticos con representación municipal -PSOE, PRC, Ganemos, Izquierda Unida, Santander Sí Puede y, en menor medida, Ciudadanos- reconocen que más importante que la cantidad en sí, “lo preocupante es la impunidad con la que se ha cometido este presunto delito”.
De hecho, insisten en que no fue detectado durante meses a pesar del método tan poco sofisticado que empleó la edil: contrató los servicios de una asesoría jurídica e indicó que ella misma se haría cargo de su abono a través de unos cheques al portador que no llegaron a su destinatario y que no fue capaz de justificar, según explica la empresa pública Santurban en la denuncia a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Y en esta misma línea de falta de control interno y vigilancia sobre el uso del dinero público, todos los partidos de la oposición coinciden en señalar hacia casos similares en el seno de las empresas vinculadas al Ayuntamiento de Santander, que a lo largo de los últimos años han dejado distintos agujeros en sus cuentas y que han acabado incluso con responsables políticos sentados en el banquillo.
Mercasantander
En esa lista negra ocupa un lugar de preferencia el desfalco de más un millón de euros por parte de una empleada de Mercasantander, sociedad participada por el Ayuntamiento de Santander (51%) y la firma nacional Mercasa (49%). Paloma González-Tarrío, gerente de la compañía, se apropió en total de más de 1,1 millones de euros para jugar en casinos online entre 2002 y 2007, utilizando ese dinero “como si fuera suyo”, según recogió la sentencia que la condenó a cuatro años y cuatro meses de cárcel.
En el juicio quedó demostrado que la acusada registró abonos de facturas por trabajos o servicios que nunca existieron y también pagos de dividendos al Ayuntamiento que tampoco se realizaron. Incluso llegó a falsificar documentos y supuestas autorizaciones del Consejo de Administración de esta empresa pública para pedir créditos bancarios con los que seguir haciendo frente a las pérdidas del juego. Reconoció en todo momento los hechos y los atribuyó a su ludopatía, aunque no fue suficiente para librarse de la condena.
Cementerio Jardín
Más recientemente ha sido la sociedad municipal Cementerio Jardín, de la que el Ayuntamiento de Santander es el socio mayoritario, la que ha estado en el disparadero. El pasado mes de septiembre, el Tribunal de Cuentas abrió juicio por la presunta sustracción de 108.442 euros por parte de una empleada en los años 2009 y 2010, aunque las sospechas amplían hasta los 176.700 euros el presunto desfalco cometido en diversos ejercicios.
En 2011 también se detectaron facturas cobradas y no ingresadas en caja de esta empresa pública por importe de 38.000 euros, lo que la convierte en reincidente.
Instituto Municipal de Deportes
En esta legislatura, antes de la crisis desatada en Santurban, fue el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander el que suspendió cautelarmente la adjudicación de un contrato de suministro de vestuario, cuyo valor era de 16.443 euros más IVA, al detectar “irregularidades”.
El concejal de Deportes, que previamente había sido máximo responsable del IMD, puso en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria los hechos producidos, además de trasladar una copia del expediente de este contrato menor, así como de otro tramitado en 2014, dado que según la documentación revisada se puso de manifiesto un idéntico procedimiento: en el proceso de adjudicación se incluyeron ofertas de dos empresas que resultaron no haber participado.
