El juicio por el presunto amaño en el Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria, que investiga las supuestas irregularidades llevadas a cabo por parte de la candidatura de María José Sáenz de Buruaga en el cónclave interno en el que consiguió la victoria por tan solo cuatro votos de diferencia frente al entonces líder del partido, Ignacio Diego, ha quedado visto para sentencia dejando “serias sospechas” sobre la “limpieza” y la “transparencia” en la que se produjo ese proceso.
En la vista oral celebrada el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander a raíz de dos demandas que piden la nulidad de ese Congreso celebrado el 25 de marzo de 2017 han participado como testigos cerca de una docena de afiliados y cargos del PP, que han relatado distintas incidencias y han expuesto su experiencia como miembros activos del partido, trasladando ante la jueza situaciones “excepcionales” que pueden llevar incluso a tumbar a la actual dirección.
Sin embargo, y pese a la expectación creada, el testigo estrella del caso ha declarado a puerta cerrada para preservar su intimidad. Así lo ha solicitado el abogado que representa al Partido Popular, con el visto bueno de todas las partes, lo que ha impedido que los medios de comunicación estuvieran presentes mientras prestaba testimonio Miguel López Miguel, conocido popularmente como 'Miguelín'.
Este militante de Laredo se convirtió en un personaje relevante de esta investigación después de que los partidarios del expresidente Ignacio Diego denunciaran mediática y judicialmente que “había sido utilizado de forma vergonzosa” para abonar el pago atrasado de las cuotas de 511 personas en total, permitiendo de esta forma que esos afiliados estuvieran al corriente de sus obligaciones como exige el reglamento y pudieran participar por tanto en las votaciones, “algo que habría podido decantar la balanza dado lo ajustado del resultado final”, según los demandantes.
Lo que ha quedado acreditado en el juicio, -aunque su declaración no haya sido pública, sí por las conclusiones de los letrados- es que Miguel López, que tiene una discapacidad, no realizó esas transferencias llevadas a cabo desde una cuenta bancaria abierta a su nombre para tal efecto, que él no aportó esos más de 9.000 euros que se pagaron al PP en concepto de cuotas atrasadas y que tampoco conocía a la inmensa mayoría de las personas a las que se imputaron esos pagos a través de su DNI.
Al tiempo, los abogados de la acusación han revelado que ese dinero llegó a la cuenta de 'Miguelín' no por parte de los militantes a los que posteriormente se consideró aptos para votar en las primarias, sino desde diferentes transferencias bancarias o ingresos en metálico realizados por altos cargos del PP cercanos a Buruaga o familiares directos de la ahora presidenta, como su marido o su hermano.
Entre las personalidades públicas que hicieron aportaciones económicas a esa cuenta está la actual secretaria general del Partido Popular de Cantabria, María José González Revuelta; el diputado y portavoz de la actual dirección de los populares cántabros, Íñigo Fernández, o la diputada y presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP de Cantabria, Isabel Urrutia, así como el marido de esta última, íntimamente ligados todos ellos a Buruaga.
Además, los letrados de la acusación, basándose en los informes aportados por el Banco Santander y por Telefónica, han considerado relevante que muchos de estos pagos se realizaran desde lugares tan dispares como la propia sede del PP de Cantabria, la sede del PP de Madrid o el Parlamento de Cantabria, además de mediante algunos ingresos en metálico en los que detectan “falsificación de firmas” y “suplantación de identidad”, extremos todos ellos que descartan que fuera el propio Miguel López quien manejara esa cuenta.
“Ha sido una maniobra urdida por miembros de la candidatura ganadora de forma burda y grosera. Se trata sencillamente de un contubernio en el que se ha utilizado a Miguel López como mera comparsa, como una persona manipulable y vulnerable, como una pantalla, como él mismo ha reconocido. Con estas maniobras se alteró el resultado electoral y la finalidad estaba clara”, ha sostenido durante su última intervención uno de los abogados de la parte demandante.
En esta misma línea se ha pronunciado el otro abogado de la acusación, que ha recordado que la comisión organizadora del Congreso descartó tomar ninguna medida como consecuencia del pago masivo de cuotas a través de esa cuenta basándose en un supuesto informe de los Servicios Jurídicos de Génova que, sin embargo, “no se ha aportado como prueba en este juicio ni se ha hecho público en ningún momento”.
También ha detallado que de los 511 pagos realizados por la cuenta atribuida a 'Miguelín', tan solo 193 eran de afiliados de Laredo, donde reside el testigo, mientras que había representantes de 25 municipios distintos, se realizaron 4 pagos duplicados y 16 cuotas de personas que ni siquiera militaban en el Partido Popular. Del total, casi un centenar fueron compromisarios y participaron en la votación final que dio una pírrica victoria a Buruaga, en una elección en el que participaron alrededor de 900 personas.
Otras irregularidades
Al margen de este “pago por terceros”, como lo define la defensa del Partido Popular, considerando esta práctica “legítima, normal, común y muy numerosa”, el resto de testigos que han pasado por Las Salesas han relatado otros episodios más o menos controvertidos, pero que se han visto eclipsados por 'Miguelín' y esa cuenta fantasma con la que se ingresaron más de 9.000 euros sin justificar su procedencia.
Entre otros, ha testificado Rodolfo Canal, portavoz del PP de Medio Cudeyo, que ha insistido en que “reunía los requisitos” para ser compromisario nato en base a este cargo, condición que se le denegó por comunicarlo “fuera de plazo”, aunque él entiende que es “inherente” a su puesto, que “no tiene que ser solicitado”.
Este afiliado, que participó finalmente como electo, ha considerado que la Junta Local del municipio -en su mayoría partidaria de Ignacio Diego- se vio “perjudicada” al ser “privada” de un voto. También ha denunciado que el listado con los compromisarios natos “se modificó para meter con calzador a tres personas en tres listas distintas”, cosa que no ocurrió en su caso pese a que los estatutos del partido ratificaban su posición.
Al hilo, uno de los compromisarios en el proceso, Antonio Montoro, ha declarado, tal y como denunció en comisaría el día de las votaciones del Congreso, que en dos de las mesas -de un total de seis- había personas que estaban “anotando a mano” en las listas a otras, a las que se “permitió votar”, extremo que puso en conocimiento del Comité de Derechos y Garantías sin obtener respuesta.
Además, Carlos Percha, afiliado de Medio Cudeyo, ha resaltado que cuando fue a recoger la documentación para las elecciones de compromisarios a la sede del PP “se produjeron retrasos”, mientras que María Ángeles Pérez ha afirmado que afines a Buruaga “entraron sin hacer cola”, sugiriendo un trato de favor por parte de la organización del Congreso en favor de una de las listas en liza.
“No aceptan la derrota”
La defensa del Partido Popular ha tenido dos estrategias bien diferenciadas. Por un lado, minimizar el impacto de ese pago masivo de cuotas y la posible utilización de una persona con discapacidad psíquica para llevarlo a cabo, y por otra, deslegitimar los testimonios de los declarantes en el juicio por no haber trasladado las incidencias que han relatado a los órganos pertinentes del partido o llevarlo a los tribunales.
En esta línea de defensa, el abogado que representa a la dirección autonómica ha indicado que 'Miguelín' decidió “libremente” apoyar a Buruaga como afiliado de Laredo ofreciéndose a abrir una cuenta y cediendo las claves de la misma, tal y como supuestamente ha mantenido este testigo durante su declaración.
También ha indicado que la información de datos “fluyó entre los afiliados” de uno y otro bando, sin cesión “ilegal” de ningún censo, y ha recordado que el voto fue “secreto y libre”. Su conclusión ha sido que los afines a Diego “no han sabido perder” y “pretenden conseguir en sede judicial lo que no han conseguido con votos”.
Además, los argumentos más potentes de la defensa se han basado en la declaración de la gerente del PP de Cantabria y presidenta de la comisión organizadora del XII Congreso Regional del partido, Jesusa Sánchez, que ha insistido en la “legalidad” de los pagos de cuotas a terceros, de modo que los que así se efectuaron fueron “mayoritariamente aceptados” por los miembros del órgano colegiado y admitidos como “lícitos” a pesar, ha admitido, de que en los estatutos de la formación no aparece regulado expresamente ese procedimiento.
En la sesión, la gerente ha señalado que se realizaron “muchísimas” operaciones de este tipo -“más de 1.300 por parte de ambas candidaturas”- por lo que considera “legítimo” y “válido” el pago denunciado como irregular de 511 cuotas efectuado desde la cuenta del militante laredano que supuestamente tiene una discapacidad. “Es un afiliado más. Tiene derecho a hacerlo, como lo han hecho otras personas”, ha sostenido Sánchez, para quien “lo contrario hubiera sido discriminatorio”.
Durante la vista han declarado también militantes del PP en municipios como Cabezón de la Sal, Castro Urdiales o Los Corrales de Buelna, que si bien han reconocido haber realizado pagos múltiples en nombre de otros afiliados, diferían sustancialmente en el procedimiento llevado a cabo: en ventanilla en el banco, con una autorización previa firmada por el afectado y con el dinero entregado por estos, como ha explicado detalladamente la también diputada y exalcaldesa Mercedes Toribio, en una intervención que ha subrayado lo mantenido a su vez por el también parlamentario Luis Carlos Albalá, miembro de la comisión organizadora del Congreso y que ha tachado de “claramente irregular” lo ocurrido en esos días.
Ahora, el juicio ha quedado visto para sentencia, por lo que la jueza deberá estudiar si estima las demandas y se inclina por la nulidad del proceso o bien da carpetazo al asunto, otorgando una legitimidad que María José Sáenz de Buruaga ha tenido muy discutida desde el mismo día en el que se alzó con la victoria.
En cualquier caso, al tratarse de una primera instancia siempre existe la posibilidad de un recurso que lleve el conflicto hasta las puertas de las elecciones autonómicas y municipales y alargue una agonía que mantiene al PP de Cantabria en vilo y con el riesgo de una escisión que rompa por la mitad a la formación conservadora.