El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) rechaza la medida cautelar de suspender la ejecución de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santoña, en relación al caso Chiloeches, tras la demanda presentada por la Agrupación de Electores Santoñenes cuando se aprobó la medida el pasado mes de marzo, por considerarla un “atentado” contra el patrimonio.
En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, este órgano sostiene que el “único y lacónico” argumento de la parte denunciante es el peligro de demolición del Palacio, hecho que, según la Sala, “no se realiza frente a la licencia de obras”. Por tanto, considera que no existe ese peligro. Así pues, deniega la petición de medida cautelar de paralización del PGOU e impone los costes del proceso a Santoñeses.
Este medio se ha puesto en contacto con el alcalde de Santoña, Sergio Abascal (PSOE), quien asegura que “no hay ningún acto de resolución expresa”, ni por parte del Ayuntamiento ni del Gobierno de Cantabria, autorizando la demolición de ningún elemento del Palacio, por lo que, coincide con el TSJC y recalca que “carece absolutamente de sentido esa medida cautelar”.
Asimismo, Abascal ha recordado que aún queda por llegar “al fondo de este asunto” que se centrará en determinar si el ala oeste, el anexo al edificio objeto de polémica, tiene carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) o no. En su opinión, según ha manifestado, “no me cabe ninguna duda de que no tiene entidad suficiente para considerarse BIC y que no forma parte de la declaración original de BIC”.
Para ello, se apoya en la postura del Servicio de Patrimonio Cultural, de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y de los diferentes informes técnicos que se han ido emitiendo con el paso de los años.
“No me cabe ninguna duda que este asunto del ala oeste del Palacio de Chiloeches no es ni más ni menos que una cuestión totalmente politizada sobre la que algunos grupos intentan obtener rentabilidad a costa de una situación que perjudica a Santoña, puesto que estos recursos solo paralizan la restauración y rehabilitación del Palacio, que es lo que todos queremos”, ha expresado el regidor de Santoña.
Investigación previa
Anteriormente a la denuncia, el pasado mes de enero, la Fiscalía abrió una investigación en relación con las presuntas irregularidades en la tramitación de la modificación puntual del PGOU, denunciadas por el concejal de Santoñeses, Jesús Gullart, por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Posteriormente, la Plataforma en Defensa de Chiloeches se movilizó puesto que consideraban necesario hacer “pública y visible en la calle su repulsa” a la gestión que, tanto el Ayuntamiento de Santoña como la Consejería de Educación, Cultura y Deporte estaban llevando a cabo.
Desde Santoñeses denunciaron que la operación urbanística es, desde el principio, “un cúmulo de despropósitos” y, en su opinión, el convenio entre los propietarios y el Ayuntamiento “no solo vulnera la Ley del Suelo de Cantabria, sino también varios artículos de la de Patrimonio”.