En el contexto del proceso de paz en Colombia firmado el pasado mes de septiembre entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), tras más de 50 años de conflicto armado, hay un movimiento social que “sigue siendo víctima de atentados, amenazas y asesinatos”.
Así lo relata a eldiario.es la colombiana Zoraida Hernández, abogada y defensora de los Derechos Humanos, activista del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos del país y del Congreso de los Pueblos, organización de carácter político y social que aglutina diversos sectores y actores en “la construcción de una propuesta de país para la vida digna y con justicia social”.
La activista ofrece una charla este jueves en la librería La Vorágine de Santander a partir de las 19.30 horas, bajo el título 'Acuerdos de Paz en Colombia, ¿Justicia para todxs?'. “Existe un anhelo de que realmente se concrete una paz real en el país”, asegura Hernández.
Hace hincapié en la “compleja” situación que atraviesa el país durante este proceso, ya que en lo que va de año 2017, según señala, “se han cometido 52 asesinatos contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos”. Denuncia que “se han incrementado las judicializaciones” contra estos colectivos.
“Esto contrasta con un país que quiere salir de la vía armada como una solución a los problemas, apostando por canales de participación abiertamente democráticos”, subraya la activista. “Desafortunadamente, se observa una fuerte represión y un maltrato contra las protestas sociales del país”, lamenta.
Hernández resalta “la necesidad de que se tomen medidas que garanticen la no repetición de las violaciones de Derechos Humanos” y que se lleve a cabo “un consenso nacional” como camino a seguir para “salir del conflicto armado”.
Pone de manifiesto, además, que los acuerdos firmados en La Habana “se encuentran en riesgo porque después de todos estos meses aún no se han implementado realmente”. Señala que las FARC “han mostrado su voluntad por cumplirlos”, pero el Gobierno “no ha puesto en marcha los decretos y las leyes para ponerlos en marcha, tal y como prometió”.
Ante esta situación, como consecuencia de “las demoras y los incumplimientos” del Estado, “peligra” que las FARC dejen las armas según el plazo fijado por ellos mismos de 180 días. “Existe ese riesgo, por el momento”, apostilla.
“Acabar con la mentalidad militarista”
La activista colombiana destaca que los movimientos sociales del país tienen como objetivo “acabar con la mentalidad militarista impuesta durante tantos años”. “La guerra no es la solución a los conflictos, necesitamos resolverlos de otra forma, a través del diálogo”.
Sin embargo, lamenta que hay sectores de la sociedad que “se oponen a esa vía pacífica y de diálogo”. Argumentan que de esa forma “se entrega el país a la guerrilla o a la izquierda en Colombia”. La realidad, dice Hernández, es que “no estamos en la Guerra Fría en la que las ideologías se utilizaban para justificar las guerras”.
Asimismo, denuncia que ha habido “muchas falacias y artimañas en mensajes que han desinformado a la opinión pública”. Resalta sentencias como que “Colombia se puede convertir en un país 'Castro-Chavista'” o que “a los ciudadanos les van a quitar sus propiedades y se van a repartir entre todos”.
También, tal y como subraya esta defensora de los Derechos Humanos, “han jugado con las creencias religiosas afirmando que las personas transexuales y homosexuales puedan formar una familia, rompiendo así las tradicionales”. Todo ello, concluye Hernández, “genera miedo y ha hecho mucho daño al proceso de paz”.