Los trabajadores de los Servicios Sociales de Cantabria han decidido levantar la voz. Hartos de las pésimas condiciones en las que tienen que realizar su tarea y amenazados por los recortes presupuestarios y los cambios legislativos, cerca de 80 profesionales han firmado un manifiesto público que denuncia la “indigna e indecente” atención a los más necesitados como resultado de la gestión que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular.
Agrupados en el colectivo 'Manifestaos por los Servicios Sociales' presenta este miércoles en la Librería La Vorágine Cultura Crítica un documento que reivindica una financiación pública “suficiente y sostenible” para luchar contra la pobreza y la exclusión social, que se ha agravado en la comunidad autónoma como consecuencia de la crisis económica.
“El gasto social es inversión social: cumple con el principio de reequilibrio e igualdad de oportunidades, reduce desigualdades, potencia la cohesión, favorece una actividad económica, crea puestos de trabajo y contribuye a la creación de riqueza del país. Congelar, reducir o rescindir la inversión social conlleva altos costes personales y económicos en términos de exclusión y pérdida de cohesión, de recursos humanos y de bienestar social”, aseguran en el texto.
Según sus últimos datos, los Servicios Sociales Públicos Municipales de Cantabria realizaron 254.889 consultas en 2013, un 26% más que en 2008, al tiempo que se produjo un “enorme incremento” de solicitudes de ayuda a las entidades de iniciativa social para atender las necesidades básicas, debido en alguna medida a la “falta de respuesta” que reciben de la Administración.
Entre sus críticas aparece la “excesiva burocratización” de las prestaciones sociales y la forma en la que se lleva a cabo su trabajo, por lo que consideran necesario buscar fórmulas que respeten la “dignidad de las personas” y “un modelo diferente al actual, centrado en el ahorro económico y en la oportunidad política”.
Un recorte efectivo
También explican que, desde la puesta en marcha de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, “se están poniendo en entredicho las conquistas sociales” en materia de protección social y promoción de la ciudadanía. En este sentido, consideran que los Servicios Sociales de los ayuntamientos y las entidades locales no deben entenderse como una “competencia impropia” puesto que a los ciudadanos no les importa su titularidad, pero sí que se presten desde su administración más cercana y que estén dotados con los recursos necesarios.
La aplicación de la nueva normativa desarrollada por el Partido Popular significa un “recorte efectivo” de los servicios que pueden prestar los ayuntamientos, ya que se reconoce solo a los municipios con una población de 20.000 habitantes -cinco de los 102 que hay en Cantabria- la evaluación de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social.
Además, alertan de una considerable reducción de empleo como consecuencia del descenso presupuestario, que cifran en cerca del 45% de los 940 trabajadores que desempeñan su labor en los Servicios Sociales de Atención Primaria.
“Brindis al sol”
En el amplio diagnóstico que hacen del sector en la comunidad autónoma, también se refieren al Plan de Acción para la Inclusión Social desarrollado por el departamento que dirige María José Sáenz de Buruaga, que califican como “un brindis al sol, sin recursos ni medidas reales” que solo refleja “buenas intenciones” pero que “apenas articula iniciativas integrales y transversales”. De hecho, subrayan que, en algunos casos, “se recogen actuaciones de corte caritativo” y “en ningún momento se refuerza a los Servicios Sociales”.
Como último asunto en cuestión, coinciden con movimientos sociales como el Grupo Andarivel en la gestión ineficaz de una ayuda de emergencia como la renta social básica. “Es más necesaria que nunca, pero su gestión está provocando que este derecho a la protección no sea efectivo, ya que las familias que reúnen los requisitos para acceder a la prestación tienen que esperar un mínimo de seis meses para cobrarla”, puntualizan.
Su crítica abarca también a la introducción de la extinción automática a los dos años, que obliga a los beneficiarios a iniciar un nuevo trámite superado ese periodo, o la “sobreaplicación” de la ley, que “hace que sea más fácil perder la ayuda que conseguirla”. “No podemos continuar trabajando con unos niveles de burocracia que llevan consigo hacer los procesos lentos y despersonalizados: trabajamos con personas, no solo con expedientes”, recuerdan.
Ante la situación actual, consideran que es “urgente” introducir una serie de cambios respecto a la renta social básica, como la anulación de las medidas que se introdujeron en 2012, que están “precarizando aún más” la situación económica de las familias que se ven obligadas a recurrir a la ayuda como último recurso.
Por último, exigen la actualización de las cuantías, que fueron fijadas en 2010 y que no se las ha aplicado ni tan siquiera la subida del IPC. Según explican, la cantidad establecida para una persona es de 426 euros, una cifra “sensiblemente inferior” al umbral de la pobreza situado en los 676 euros al mes.