Ambuibérica pide al Gobierno de Cantabria la resolución del contrato del transporte sanitario

Ambuibérica ha solicitado al Gobierno de Cantabria la resolución de su contrato para el transporte sanitario, servicio que presta desde hace casi una década en la comunidad. La empresa concesionaria, que cuenta con un expediente sancionador de la Administración por sus irregularidades y con numerosas condenas judiciales por no respetar los derechos de sus empleados, ha pedido al Ejecutivo autonómico resolver el contrato por no poder asumir el coste del servicio tras la sentencia que le obligó a devolver los turnos de 24 horas a sus trabajadores.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, la adjudicataria ha reclamado mayor cuantía económica para hacer frente al revés judicial de noviembre o zanjar el contrato sin penalización, casi un año antes de su vencimiento. Los Servicios Jurídicos de la Consejería de Sanidad están estudiando la solicitud, que fue registrada el 11 de diciembre mediante un escrito, por lo que desde este departamento no han querido pronunciarse sobre este asunto a la espera de conocer el informe técnico que le dé “una orientación normativa para actuar con seguridad”.

“No nos podemos quedar sin servicio de ambulancias”, trasladan a este medio fuentes de la Consejería, que esperan al dictamen de los próximos días de los Servicios Jurídicos para valorar una alternativa que podría pasar por llevar a cabo una adjudicación a otra empresa por el tiempo que falte hasta la concesión del nuevo contrato, tal y como han realizado otras comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha.

No obstante, Sanidad asegura que está preparando los pliegos para el próximo concurso con el objetivo de ponerlo en marcha cuanto antes, de manera que cuando se cumpla el plazo del actual pueda “estar adjudicado o en vías de hacerlo” y no sea necesaria una prórroga.

Ambuibérica se ha visto envuelta en numerosas polémicas desde que ofrece el servicio de transporte sanitario en Cantabria. La última tuvo que ver con la campaña de vacunación, cuando camufló a sus directivos y personal de oficina en el listado de personas que debían recibir la dosis, pese a no tratarse de trabajadores de primera línea, como sí lo son los técnicos sanitarios.

Pero es que además, esta empresa cuenta con un expediente sancionador de la Consejería con siete incumplimientos probados y una multa de 42.000 euros, a lo que hay que añadir una retahíla de condenas en los tribunales antes y durante la pandemia, entre ellas, la citada anteriormente en relación a los turnos laborales que iban en contra de las recomendaciones sanitarias, u otras por, entre otros motivos, no pagar las horas extras a sus trabajadores.