Se acaba de cumplir un año de la intervención policial en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria que destapó una trama de corrupción que sacudió la actualidad política y mediática de esta Comunidad a tan solo tres meses de las elecciones autonómicas. Todavía en fase de investigación judicial y con el funcionario detenido como principal señalado, el fraude en la adjudicación de obra pública a cambio de mordidas que salió a la luz se cobró la cabeza del entonces máximo responsable político de ese departamento, el regionalista José Luis Gochicoa (PRC), y supuso la puntilla a la campaña electoral de un Miguel Ángel Revilla que llegaba a los comicios en horas bajas y que terminó por cosechar un batacazo histórico en las urnas que lo desalojó del poder.
Y es que el 22 de diciembre de 2023 fue una de las jornadas más negras para la Administración Pública cántabra, ya que empezó a desvelarse un entramado corrupto que copó titulares de prensa durante semanas. Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria irrumpieron a primera hora de la mañana en el edificio ubicado en la rampa Sotileza de Santander en busca de pruebas de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el Servicio de Carreteras. La expectación era máxima. Fueron horas de mucha tensión en el seno del Gobierno autonómico, entonces integrado por el bipartito PRC-PSOE. Reinaba el desconcierto, pero también la preocupación, sobre todo en las filas regionalistas, ante el temor de que el escándalo salpicara a algún cargo político.
Esa misma mañana, el entonces consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), ofreció una rueda de prensa en la que aseguró desconocer cualquier tipo de irregularidad: “No nos consta, no tenemos ni idea de lo que ha pasado, nos hemos puesto a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación”, aseguró. La jornada se saldó con ocho detenidos y registros en varias empresas y domicilios particulares. Pese al secreto de sumario, se supo que un alto funcionario se encontraba en foco de todas las pesquisas, el mismo que, según había contado Gochicoa a la prensa, había comunicado ese día que no iba a acudir a su puesto de trabajo por “motivos personales”.
Desvíos millonarios
Tal y como se supo dos días después, se trataba de Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y presunto cabecilla de la trama. Y es que, según la investigación, es el funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, supuestamente, favorecieron a empresas que optaron a contratos de carreteras en la Comunidad. Se le detuvo a él, a su mujer, a sus dos hijas y a los cuatro administradores de las sociedades adjudicatarias de estos contratos: Rucecan, Cannor, La Encina y API Movilidad.
Según informó la Delegación del Gobierno, en el domicilio del funcionario investigado se descubrieron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero. La investigación, que arrancó a principios de 2022, descubrió que el núcleo familiar había experimentado “un importante incremento de patrimonio no justificado” durante el período 2013 a 2022 estimado en “varios millones de euros”.
El alto funcionario, que llevaba más de dos décadas trabajando en la Consejería, “intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada”.
Cese y homenaje
Pese a que las pesquisas no apuntaban a responsabilidades políticas, Revilla decidió días más tarde cesar a su consejero: “Está limpio, pero en el PRC hemos puesto el código ético en un listón que ha de servir de ejemplo para todos, y es cierto que los controles han fallado”. Gochicoa se despidió del cargo en una rueda de prensa junto a su número dos, el director general de Carreteras, Manuel del Jesús. Ambos fueron las cabezas políticas del escándalo de corrupción: “Señales de alarma no teníamos. En su vida privada había ostentación, pero al trabajo acudía con coche de trabajo y vestido con normalidad”, aseguró el exconsejero regionalista en su despedida, destacando que se iba con “el deber cumplido y sabiendo que no hay nadie más implicado”.
No obstante, minutos después de su comparecencia se conoció a través de la prensa que el subdirector de Carreteras -cargo político-, Sebastián Martín, aparecía en el sumario de la investigación y que tenía agendada una comida en un restaurante de lujo junto al presunto cabecilla de la red corrupta, la esposa de este y dos responsables de una de las empresas implicadas en la misma.
En este contexto en el que la espada de Damocles de la corrupción no terminaba de alejarse de la gestión regionalista, Revilla decidió organizar una comida de homenaje a Gochicoa a la que acudió un millar de simpatizantes. La iniciativa fue muy criticada por la oposición, pese a que el entonces presidente cántabro y líder del PRC puso “las dos manos en el fuego” por su exconsejero, sobre quien enfatizó que estaba “limpio”. “Menos homenajes y chulería y más explicaciones”, reclamaron entonces PP, Ciudadanos y Vox. Incluso su propio socio de Gobierno, el PSOE, se lo afeó: “No es tiempo de celebraciones cuando se han estafado millones”.
Hundimiento del PRC
A ello se sumó el episodio que protagonizó Revilla con la entonces delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones y el supuesto 'chivatazo' que le dio sobre la intervención policial en la Consejería. El registro de llamadas del móvil de Quiñones demostró que Revilla no dijo la verdad, ya que le había informado cuando el dispositivo policial “estaba totalmente desplegado”. La Fiscalía dio carpetazo a la denuncia presentada por Ciudadanos, previa declaración de ambos dirigentes políticos por este asunto.
El 28M, Revilla se dio un batacazo en las urnas y perdió el Gobierno. Y aunque el descalabro electoral se pudo enmarcar en la ola nacional del PP, que también arrasó en Cantabria, lo cierto es que en la propia noche de las elecciones autonómicas, el líder regionalista reconoció que el 'caso Obras Públicas' pudo influir en el resultado pese a no haber “ningún miembro implicado”.
Auditoría
Precisamente la candidata vencedora de las elecciones y actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), prometió en campaña una auditoría en la Consejería afectada por la trama corrupta, con el objetivo de esclarecer los hechos y revisar el 'modus operandi' en este departamento durante los últimos 20 años -aunque durante ese plazo también gobernó su formación-. “Vamos a abrir puertas y ventanas, rendir cuentas a los ciudadanos y enviar un mensaje de tranquilidad y confianza”, afirmó la líder del PP.
Y ahora, un año después de que estallara el caso, con el funcionario en libertad provisional desde principios de septiembre -aunque sin poder volver a su puesto de trabajo-, el Ejecutivo que dirige Buruaga asegura estar ultimando la auditoría, aunque aún no es capaz de cuantificar el “quebranto patrimonial” que ha supuesto para Cantabria un entramado corrupto que llevaba operando desde hace dos décadas.
“Se ha detectado por los servicios de Intervención General que la cuantía es significativa, si bien la cantidad exacta de su importe requiere un trabajo más exhaustivo”, reconoció este jueves el actual consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), en una rueda de prensa que ofreció para hacer balance de la situación 12 meses después del registro policial.