Cantabria y el Estado han creado un registro común de personas con ludopatías del que forman parte 538 residentes en la comunidad autónoma que tienen prohibido el acceso al juego, ni online ni presencial, porque así lo habían pedido ellos mismos.
Hasta hace poco la comunidad autónoma y el Estado contaban con sus respectivos registros de interdicciones de acceso al juego pero en diciembre se interconectaron formando una base de datos común que “mejora el control de aquellas personas con ludopatías que solicitan tener prohibido el acceso al juego”.
Cantabria ha sido el tercer territorio español en crear con el Estado este registro único, tras La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la reunión del Consejo de Políticas de Juego entre el Estado y las comunidades en la que han participado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y la directora de Interior, Jezabel Morán.
Fernández ha informado que este modelo de interconexión de registros, que funciona desde el pasado diciembre entre Cantabria y el Ministerio de Consumo a través de un convenio, “ha fortalecido de forma importante la protección de los colectivos vulnerables”.
En concreto, según ha explicado, una persona que no quiera jugar y se haya inscrito en el registro del Ministerio no podrá acceder a portales de juego electrónico, de competencia estatal, ni a establecimientos físicos de Cantabria, que son de competencia autonómica.
La consejera ha reivindicado que Cantabria “sigue dando los pasos necesarios para que el juego sea una práctica responsable y se proteja en mayor medida a los colectivos considerados de riesgo”, como las personas con ludopatías y los menores.
En este sentido, ha subrayado que en la nueva normativa que ha impulsado el Gobierno cántabro en la presente legislatura “ante la creciente preocupación social” se “endurece” el sistema de control y las “restricciones” en el acceso a los salones de juego.
Además, ha citado el incremento de los inspectores para velar por el cumplimiento de la norma y otras medidas que limitan la publicidad y, también, el propio crecimiento del sector, a través del establecimiento de un régimen de distancias entre locales de juego y también respecto a centros educativos.
Son iniciativas que, para Fernández, “avalan el cumplimiento de uno de los principales compromisos” que se marcó el Gobierno al inicio de legislatura dentro de la política de juego responsable para ordenar el crecimiento del sector y reforzar la vigilancia con el fin de evitar los efectos nocivos en los sectores sociales vulnerables.
Para cruzar los datos de los registros estatal y autonómico, se ha desarrollado una aplicación informática vinculada, a su vez, al servicio de admisión que es de aplicación con el nuevo decreto del Gobierno cántabro a todos los establecimientos de juego.
Ambas herramientas facilitan a los operadores la ejecución del servicio de admisiones y un mejor control de los accesos tanto de menores como de personas con ludopatías.
Así, salta un aviso en el caso de las personas que se hayan inscrito en el registro de interdicciones para que no entren en ningún establecimiento de juego de Cantabria.
Igualmente, el Gobierno cántabro deriva las inscripciones del registro de interdicciones autonómico al estatal y mejora, así, la protección de aquellos ciudadanos que se quieren autoprohibir, al incluir tanto el juego online como el presencial.