La proliferación cada vez más evidente de los pisos turísticos en Cantabria a lo largo de los últimos años ha hecho por fin saltar las alarmas. Ni el aumento progresivo de los alquileres que vienen sufriendo los vecinos ni la pérdida progresiva de población de las localidades más afectadas por este fenómeno, con una oferta inmobiliaria en la costa cada vez más centrada en el verano o en las segundas residencias, provocó una reacción inmediata de las administraciones implicadas, que ahora comienzan a dar pasos para regular y limitar el auge de esos alojamientos vacacionales tras la llamada de socorro de la patronal hotelera.
Así lo ha reconocido la propia Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria, que ha celebrado este martes la primera reunión de la mesa sobre viviendas de uso turístico, en la que han participado diferentes entidades y colectivos del sector turístico al que les afecta esta problemática en la comunidad autónoma, como la Asociación de Hostelería, la Asociación de Turismo Rural, la Asociación de Viviendas Turísticas, la Asociación de Alquileres Vacacionales, la Unión de Consumidores o el Ayuntamiento de Santander, aunque sin la presencia de la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Santander y Cantabria, que estaban convocadas pero no han asistido al encuentro.
Según ha adelantado la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP), su departamento dará pasos a lo largo de los próximos meses para elaborar un nuevo decreto autonómico que “permita establecer un marco normativo apropiado para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico ilegales en la comunidad autónoma” y cuyo horizonte temporal está puesto en el verano que viene: “No me quiero comprometer porque siempre surgen imprevistos, pero es lo que nos gustaría”, ha puntualizado.
Tal y como ha señalado Eva Guillermina Fernández, “el decreto de viviendas de uso turístico necesita una modificación porque se ha quedado obsoleto, pero nos parece importante que antes de abordar su reelaboración escuchemos a todas las personas que de alguna forma u otra estén involucradas en el problema”.
En cualquier caso, la consejera ha eludido responsabilidades y ha querido insistir en que, aunque el Gobierno de Cantabria establezca a medio plazo un nuevo un marco jurídico general para frenar el auge de estas viviendas ilegales, “son los ayuntamientos los que tienen la llave para regular las viviendas de uso turístico a través de sus respectivos planes generales de urbanismo y la capacidad que quieren alcanzar con este tipo de viviendas”.
Aunque en la reunión se ha centrado el debate en el problema que generan las viviendas ilegales, la consejera ha opinado que no solo hay que atajar el problema de los pisos turísticos que no cumplen la normativa o no están registrados, sino abordar también a cuántas viviendas legales se puede dar cabida. “Habrá que poner también un límite, lo mismo que se pone a los hoteles”, ha opinado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de elaborar un nuevo decreto ante el crecimiento “espectacular” que está experimentando en los últimos tiempos el turismo en Cantabria.
“Hay muchísima gente que está en esas viviendas ilegales que no controlamos. ¿Cuántas personas son? No lo sabemos. Por eso es importante saber cuánta gente viene a nuestro territorio, porque si ese número se dispara, estamos perdiendo calidad, saturamos los destinos y perdemos calidad en los servicios que ofrecemos, perjudicando a la sostenibilidad del modelo y provocando problemas para el futuro”, ha zanjado la consejera.
En estos momentos, según los datos que maneja la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, en la comunidad “hay unas 10.000 viviendas de uso turístico de las que apenas un 16% están legalizadas”. Además, las cifras que maneja la Consejería de Turismo indican que, desde enero de 2020 hasta agosto de 2023, se presentaron un total de 3.309 declaraciones responsables de viviendas de uso turístico en Cantabria, con un crecimiento exponencial año tras año desde que existe un registro, y con Santander, Suances, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Noja, Miengo y Piélagos como municipios más afectados.
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