El Gobierno de Cantabria quiere mantener la “prudencia” antes de valorar el proyecto de Real Decreto en el que trabaja el Ministerio de Cultura para regular la propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas ante el desarrollo de modelos de inteligencia artificial (IA), para lo que está a la espera de conocer la primera reacción del sector cultural.
Asimismo, quiere tener el nuevo texto que se elabore con las alegaciones recibidas en el periodo de audiencia pública del real decreto, que se cerró el pasado 10 de diciembre.
“Desde el Gobierno de Cantabria queremos mantener el principio de prudencia. El proyecto de Real Decreto acabó hace poco el trámite de audiencia y estamos a la espera del nuevo texto y la reacción del sector”, han indicado fuentes de la Consejería de Cultura a Europa Press al ser cuestionados por el documento en el que trabaja el departamento de Ernest Urtasun para la trasposición de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.
En términos generales, la Consejería de Cultura de Cantabria sí defiende que se confeccione un marco legal apropiado para garantizar tanto la remuneración de los titulares de derechos de propiedad intelectual como el “legítimo desarrollo” de sistemas basados en la inteligencia artificial generativa, como los LLM --un tipo de programa de IA que puede reconocer y generar texto--.
En este sentido, ha apuntado que el Reglamento de la UE debe ser desarrollado teniendo en cuenta las sentencias americanas que surjan de las demandas en torno a estas herramientas que están pendientes de resolución, como la del New York Times contra OpenAI y Microsoft por utilizar sus artículos sin autorización.
Según la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, las licencias colectivas con efecto ampliado permiten que las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual concedan, en determinados supuestos, autorizaciones no exclusivas para la explotación de obras y prestaciones en nombre de los titulares de derechos, con independencia de que estos hayan autorizado o no a la entidad a hacerlo, es decir, en ausencia de autorización expresa por parte de todos ellos.
El Ministerio de Cultura avanzó que buscaría el máximo consenso para acometer esta regulación de la propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas ante el desarrollo de modelos de IA de uso general, y que mantendría una ronda de contactos con los sectores implicados, como son las empresas tecnológicas y los creadores.