Cantabria estudia permitir la apertura de los interiores de la hostelería para personas vacunadas en los municipios en nivel de riesgo alto

Apenas 48 horas después de anunciar el cierre del interior de la hostelería en 19 municipios por el avance de la pandemia, Cantabria está estudiando suavizar la restricción y permitir la apertura para personas vacunadas, tras día y medio de disputas entre los socios PRC-PSOE por la aplicación de una medida que no gustó al presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), quien pidió públicamente a Sanidad, departamento encabezado por el socialista Miguel Rodríguez, una rectificación.

Así pues, tal y como ha anunciado este jueves el vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), tras la reunión del Consejo de Gobierno, los servicios jurídicos de Presidencia y Sanidad están trabajando en la posibilidad de que las 19 localidades afectadas por las nuevas restricciones que han entrado en vigor este jueves puedan abrir los interiores de la hostelería para personas vacunadas, es decir, que cuenten con el pasaporte COVID que se utiliza para poder viajar por la Unión Europea.

Zuloaga ha explicado que este miércoles no se consiguió un acuerdo unánime para aplicar esta medida en el marco del Consejo Interterritorial de Salud Pública, de manera que se ha adoptado a nivel autonómico, por lo que son los servicios jurídicos cántabros los que la deben respaldar, algo para lo que todavía no hay fecha, aunque el vicepresidente espera que sea “cuanto antes”.

De esta forma, si los servicios jurídicos la avalan, el semáforo COVID cántabro, que lleva en vigor dos meses y medio y que se implantó para permitir la apertura de interiores en aquellos municipios con mejor situación epidemiológica, perdería efecto al ver suavizadas las medidas establecidas para los niveles más elevados de riesgo cuando los indicadores epidemiológicos señalan que hay localidades que deben escalar y endurecer sus restricciones.

Sanidad aguantó una semana sin subir municipios al nivel 3 (alto) pese a que la media de la región era la de ese nivel de riesgo, pero en su última actualización, con la incidencia disparada y una presión hospitalaria cada vez más preocupante, Salud Pública no tuvo más remedio que elevar a 19 localidades, entre ellas Santander y varias muy turísticas como Castro Urdiales, Laredo, Noja o Potes, al nivel alto que conlleva el cierre de los interiores de la hostelería.

Oposición de Revilla y rectificación

Automáticamente la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- se posicionaron en contra de esta decisión, pero es que además, dentro del propio Ejecutivo de coalición, el ala regionalista, que cuenta con Turismo, y, en concreto, el propio Revilla, criticaron la medida. El presidente se opuso a su propio Gobierno y aseguró que el cierre de interiores “no iba a cambiar gran cosa” e incluso instó a Sanidad a rectificar durante su intervención en el Día de las Instituciones de Cantabria, pese a recalcar por enésima vez que “acata” las medidas y que no interviene en las decisiones que conciernen a la crisis sanitaria.

“A mí me gustaría que esta semana pudiéramos llevar al convencimiento de Sanidad que a lo mejor otro tipo de medidas no tan duras, como ofrecer la imagen a toda España de que el único lugar donde tenemos cerrados los interiores sea Cantabria, pueda haber otras alternativas”, remarcó.

Y así ha sido. Pese a que el vicepresidente defendió la utilidad del semáforo COVID asegurando que la salud es “un compromiso unánime del Gobierno”, el propio Zuloaga anunció que Cantabria iba a plantear en el Consejo Interterritorial que el pasaporte COVID permita realizar actividades restringidas por la pandemia, lo que se traduce, en la práctica, en una modificación de las medidas que el propio Gobierno autonómico estableció para el semáforo y que ahora rechaza aplicar como tal, siempre y cuando los servicios jurídicos den luz verde a la propuesta del Ejecutivo.

No obstante, los expertos en bioética consideran que el uso de este documento para ese tipo de actividades, como ya hacen Galicia o Canarias, es discriminatorio hasta que toda la población no haya tenido acceso a la vacuna. “Lo lógico sería implantar esta medida en septiembre, cuando todo el mundo haya podido acceder a sus dosis. Antes no, porque genera una discriminación”, alertan, apuntando también que el pasaporte deja fuera a los test de antígenos y que el hecho de haber recibido la pauta completa no garantiza que no pueda producirse una reinfección.  “Disminuye la transmisibilidad pero no la elimina por completo, y tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad”, subrayan.