Cantabria mantiene más de 60 vestigios franquistas que incumplen la Ley de Memoria Histórica

El colectivo popular Cantabria No Se Vende (CNSV) publicó recientemente un mapa en el que aparecen más de 60 vestigios franquistas que permanecen en la comunidad autonóma a pesar de ir en contra de la Ley de Memoria Histórica. Este mapeo, que pusieron en marcha el pasado mes de abril, se ha realizado con las denuncias que han ido llegando a la asociación por parte de los ciudadanos y aunque aún no han cerrado el plazo, desde el colectivo han querido trasladar los datos que han conseguido aunar hasta la fecha para que sean de dominio público.

Así, en este localizador destaca el caso de Santander, donde el colectivo ha reunido más de dos decenas de denuncias de las que muchas provienen del propio callejero. Ocurre con lugares tan reconocibles como la calle General Dávila o Camilo Alonso Vega, que llevan el nombre de dos jerarcas del régimen. Y hay otros menos conocidos pero que también llevan su nombre, como la calle Ruiz de Alda, cercana a la Biblioteca Central y que tiene el nombre de uno de los fundadores y miembros de la Falange Española; o la calle Alto de los Leones, que se refiere al Puerto de León en la Sierra de Guadarrama, y que recibió ese nombre de mano de los franquistas al tomarlo al inicio de la Guerra Civil.

En cambio, la capital no es el único lugar donde se han encontrado estos restos de la dictadura, y según figura en el mapa que maneja el colectivo y que ha sido puesto a disposición de este periódico, municipios como Selaya, que continúa teniendo la plaza del gobernador franquista Jacobo Roldán Losada; Santoña, que mantiene el monumento y la calle a Carrero Blanco; o Vega de Pas, que guarda, al igual que más de una decena de municipios, una placa conmemorativa “a los caídos” situada en las iglesias, continúan teniendo estos elementos que recuerdan a la población estos homenajes silenciosos al régimen.

En respuesta, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, perteneciente a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, han anunciado que seguirán “dando los pasos que ya están dando”: “Informar, colaborar, financiar mediante subvenciones en concurrencia para ayuntamientos”. Así, la responsable del área, la socialista Zoraida Hijosa, reconoce que solo en “último caso” recurrirán al régimen sancionador regulador de las infracciones y sanciones: “Mi firme compromiso es el de llegar a acuerdos”, ha aseverado la dirigente socialista.

Hijosa ha comunicado que volverán a enviar una carta a todos los ayuntamientos para pedirles que retiren los elementos franquistas que quedan en sus municipios. Esta misiva versará, según cuenta la directora general, sobre el “necesario” cumplimiento de la legislación en materia de memoria histórica y democrática.

Esta carta será la segunda que se envía desde el Ejecutivo autonómico para tratar de revertir la resistencia de algunos consistorios a cumplir la norma estatal y autonómica ya que hace tres años y medio, cuando el Gobierno regional tomó posesión, se optó por el mismo modus operandi para cumplir con la Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ordena a las administraciones públicas retirar “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura”.

De igual forma, la Ley de Memoria Histórica aprobada en Cantabria hace poco más de un año también incluía la orden de retirar la simbología de la Guerra Civil o la dictadura de la comunidad, así como de localizar, exhumar e identificar a las víctimas. Pero cumplido el aniversario de la norma, y contando con los casi cuatro años que han pasado desde la creación de esta Dirección General, parece que la situación de la comunidad en lo que respecta a memoria histórica no ha terminado de resolverse.

Colaboración institucional

Sobre ello, la directora del departamento argumenta que durante estos años se ha conseguido modificar el nombre de varias calles, en ayuntamientos como Suances o Camargo, y se han retirado símbolos en lugares como Liérganes, Cieza o Ramales de la Victoria. “En la gran mayoría de ellos, y fruto de la colaboración institucional, la Dirección General ha financiado los costes derivados de estas intervenciones”, ha trasladado Hijosa.

De hecho, la Dirección General dio un año a los ayuntamientos para que fuesen ellos mismos quienes retirasen la simbología de su territorio así como los nombres de las vías públicas “en tanto a hechos o a personas que atentaron contra la democracia o los derechos humanos, así como la revocación de los honores y distinciones dedicadas a las personas vinculadas a estos citados hechos”.

Precisamente, desde CNSV informaron en abril de que, desde el momento en el que se cumpliese un año, la Consejería tendría que “entrar de oficio” en los ayuntamientos para retirar estos vestigios fascistas. Algo que aún no parece que se plantee la Consejería, ya que, por el momento han anunciado la creación de un Consejo de Memoria Histórica que servirá para asesorar al Ejecutivo en la aplicación de esta ley, aunque de momento solo se ha abierto el plazo de consulta pública.

Asunción de responsabilidades

El portavoz de Cantabria No Se Vende, Jairo Fernández, ha expresado a este periódico la sorpresa que les ha supuesto ver la “inacción del Gobierno” durante este tiempo y ha indicado que estos “no pueden seguir evadiendo responsabilidades”: “Habrá que ver los criterios y las competencias del Consejo. En todo caso, si su papel tiene que ver con la aplicación de la Ley, llega tarde”, ha aseverado.

“Nos parece vergonzoso, como no puede ser de otra forma, que a estas alturas siga habiendo en Cantabria tanta simbología contraria tanto a la legalidad como a los propios valores que deben sostener una democracia”, ha revelado Fernández en declaraciones a elDiario.es.

Este periódico ya informó en 2018 de la presencia de placas con yugos y flechas en edificios de la capital de Cantabria construidos durante el franquismo. Preguntados sobre ello, el Ayuntamiento de Santander prefirió evitar involucrarse en el tema: “Estas placas se ubican en edificios privados y no corresponde al Consistorio su retirada. La institución ha retirado ya los monumentos que había en espacios públicos y ha cambiado progresivamente el nombre de varias calles. Se actúa por tanto en lo que respecta al ámbito público y en el ámbito privado no se puede intervenir”, revelaron en su momento. En el caso contrario está Torrelavega, que en 2016 se propuso eliminar estos vestigios fascistas facilitando a los vecinos la eliminación de placas y el acondicionamiento posterior.