Cantabria aprueba un decreto para regular el teletrabajo para la prestación de servicios en la Administración

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto por el que se regula el teletrabajo como modalidad no presencial de prestación de servicios en la Administración de Cantabria, que también será aplicable al personal de los organismos públicos autonómicos y entidades públicas dependientes, con la excepción del personal docente, estatutario del Servicio Cántabro de Salud y de la Administración de Justicia, ya que se rigen por normas o acuerdos específicos.

La nueva normativa, que ha conllevado un proceso negociador con las agentes sindicales, permitirá a los empleados públicos, tanto personal laboral como funcionario, acogerse a esta modalidad de trabajo un máximo de tres días por semana o cinco continuados en periodos de dos semanas.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, el teletrabajo será una modalidad voluntaria y reversible para los empleados públicos y para la Administración, que requerirá de autorización expresa. La Administración aportará el equipamiento necesario, en función de las disponibilidades, así como la valoración de los riesgos laborales.

Se deberán cumplir una serie de requisitos mínimos de experiencia y conocimientos que garanticen el correcto desarrollo del trabajo, así como un reparto entre jornadas y unos periodos de interconexión que garanticen la adecuada vinculación con la unidad administrativa en la que se presten los servicios.

Quedan excluidos para el acceso al teletrabajo los puestos de atención ciudadana, oficinas de registro, obra, limpieza, secretaría y aquellos que comporten la prestación de servicios presenciales, es decir, los que requieran interactuar con terceros (atención sociosanitaria) o necesiten acceder a material o fuentes documentales que se encuentran en los centros de trabajo (museos, laboratorios, etcétera).

Para la valoración de las solicitudes, el decreto prioriza criterios como la antigüedad, discapacidades, tener a cargo menores de 12 años o familiares dependientes, así como la distancia entre la residencia habitual y el puesto de trabajo y residir en un municipio en riesgo de despoblamiento.

Por otra parte, en el ámbito de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se ha aprobado la celebración de un contrato para el suministro, mediante el sistema de renting, de 64 vehículos nuevos destinados a los agentes del Medio Natural y cuadrillas de bomberos forestales, con una duración máxima de 48 mensualidades y un importe máximo de cuatro millones de euros.

En Salud se ha aprobado el decreto por el que se nombra a Juan Ramón Artiga Guerrero como subdirector de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa del Servicio Cántabro de Salud y el cese en el cargo de Javier Álvarez Díez, a petición propia.

Juan Ramón Artiga (Benasque, Huesca, 1961), es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización y con el Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias.

Desde 2019 hasta la actualidad y entre enero de 2004 y octubre de 2011 ha sido director de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud. Además, ha ocupado diversos puestos de gestión en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

MÁS DE 1,7 MILLONES PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En el área de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo Humano y Sostenible por importe total de 1,78 millones de euros.

Están dirigidas a ONGD con sede o delegación permanente en Cantabria y personas físicas o jurídicas legamente establecidas, para proyectos que se desarrollen en países en desarrollo, a través uno o varios socios locales, que integren el enfoque basado en derechos, de género y desarrollo y sostenibilidad medioambiental, y respondan a principios y prioridades sectoriales del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Cantabria.

Las intervenciones se deberán realizar en alguno de los países o ámbitos territoriales siguientes: Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Cuba, RASD (población saharaui), Palestina, Marruecos, y en determinados países del África Subsahariana.

El presupuesto máximo total de cada una de las actuaciones no podrá superar los 150.000 euros en el caso de intervenciones de desarrollo ni de 60.000 euros en el caso de las micro acciones. Y el plazo máximo de ejecución será de 12 meses en el caso de las micro acciones y de 24 meses en el supuesto de las intervenciones de desarrollo.