Conservas Lolín anuncia su cierre tras el varapalo judicial que da la puntilla a la recalificación urbanística para construir un centro comercial en suelo de la fábrica
![Conservera Lolín en Castro Urdiales.](https://static.eldiario.es/clip/d3911631-427b-4870-97ee-37583e3447f0_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Conservas Lolín ha anunciado este jueves su cierre tras 66 años de actividad en Castro Urdiales. Y lo ha hecho tras el varapalo judicial que ha dado la puntilla a la pretensión de su dueño y líder del PRC en el municipio, Jesús Gutiérrez, de recalificar el suelo de la fábrica para trasladarla a las afueras y construir en su lugar un centro comercial.
Así ha justificado el gerente de la conservera la “desaparición” de su empresa tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que desestimó su recurso contra la decisión adoptada en dos ocasiones por el Ayuntamiento de no aprobar la modificación puntual del PGOU para cambiar el uso del suelo de la fábrica de industrial a comercial.
Y es que pese a que el convenio entre el Consistorio y Conservas Lolín estaba firmado desde la pasada legislatura en la que gobernó CastroVerde, Gutiérrez ha puesto el foco en ese trámite urbanístico que no salió adelante en dos Plenos -el segundo por mandato judicial tras una denuncia del PRC- y que ahora la Justicia ha terminado de enterrar.
De esta forma, y pese a que el traslado de la fábrica al polígono de Vallegón puede llevarse a cabo, la imposibilidad de ubicar en el espacio actual un centro comercial provoca, en palabras del propio dueño de la conservera, que se vea “abocada a la desaparición”.
El convenio con Lolín ha estado envuelto en polémica desde hace cuatro años. Y es que en la pasada legislatura, el líder regionalista tuvo que ausentarse durante un Pleno para la votación de una parte del mismo por ser parte afectada y, posteriormente, dimitió como edil para garantizar la mayoría absoluta necesaria para que saliera adelante. A partir de entonces quedaba pendiente el último trámite que la actual Corporación ha rechazado en dos ocasiones con el reciente aval de la Justicia.
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