Cuatro años ha tardado Cantabria en sacar adelante una ley que pone por delante los derechos de todas las personas independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Cuatro años en los que los plazos que marcaban una convocatoria electoral y la aparición de una pandemia han frenado aquello que muchos llevaban demasiado tiempo reclamando.
Sin embargo, parece que lo que no ha podido frenar nada es la voluntad de colectivos como la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales de Cantabria (Alega) que han luchado hasta el último momento por terminar lo que arrancaron con la máxima ilusión pero no pudieron llegar a completar hace algo más de un año por una supuesta falta de voluntad política de algunos partidos.
Era febrero de 2019 y a solo cuatro meses de que se celebrasen las elecciones autonómicas y con el proyecto de ley encima de la mesa, Alega pedía a todos los partidos que en ese momento tenían representación parlamentaria (PP, Ciudadanos, PRC, PSOE y Podemos) urgencia y rapidez para que diese tiempo de aprobar la norma antes de que finalizase la legislatura. Por el contrario, la respuesta que obtuvieron fue la petición de 21 comparecencias pactadas entre Ciudadanos y PRC -y apoyadas por el PP- para tratar en la Comisión destinada a sacar adelante el documento definitivo.
Lo criticado en ese momento fue que 16 de esas peticiones de comparecencias provenían del PRC, que aseguraba estar interesado en conocer la opinión de todas las organizaciones sobre dicha ley a pesar de saber que, de llevarse a cabo, la norma no podría salir adelante. Como no podía ser de otra forma, ni las comparecencias se celebraron ni la ley se aprobó.
“Nos reunimos con todos los grupos parlamentarios y algunos se comprometieron a no realizar comparecencias, pero otros no hicieron lo mismo y lograron tumbar el proceso. Las comparecencias enriquecen el texto, por supuesto, pero cuando eso puede conllevar más tiempo de espera para personas que están sufriendo, creo que deberían primar eso por encima del resto”, señala Kiara Brambilla, la portavoz de Alega sobre este asunto.
Y llegaron las elecciones y el Gobierno siguió siendo de los mismos colores, con un bipartito de PRC y PSOE en Peña Herbosa, por lo que no se tuvo que volver a escribir el texto. Como se esperaba, poco después de que regionalistas y socialistas se volviesen a acomodar en el Consejo de Gobierno, aunque con diferentes equipos, sobre todo del ala socialista, la ley volvió a tramitarse y se reinició el proceso de comparecencias que, en este caso, fue reducido a menos de la mitad pidiendo el PRC siete, Ciudadanos ninguna y el PP tres. Pero parecía que esta vez todo seguía su curso, por lo que después de aprobarlas y llevarlas a cabo, la Comisión de Igualdad dio el visto bueno a una ley que esperaban aprobar de manera inmediata.
Sin embargo, los trámites se retrasaron como consecuencia de la pandemia, y pese a que no hubo ninguna enmienda a la totalidad, se presentaron 63 enmiendas de las que 53 pertenecían a PRC, PSOE y Ciudadanos y las 10 restantes al PP, ya que Vox eludió participar. Y precisamente esta cuestión también abrió una nueva grieta entre la asociación y los políticos, ya que los primeros lamentaron públicamente no haber sido informados por los grupos de estas modificaciones que querían realizar. “Creemos que lo que han hecho es una enmienda a la totalidad encubierta a través de enmiendas parciales porque todas esas enmiendas han cambiado totalmente el texto de inicio de la ley, aunque mejor esto que nada”, declara Brambilla.
Finalmente, y después de la queja de Alega por desconocer que se presentarían esas enmiendas, tanto PSOE, como Ciudadanos y PP rectificaron y se reunieron con la asociación para trabajar en esas modificaciones que han dado forma a una ley que, pese a los vaivenes, los retrasos y ser “de mínimos” para el colectivo LGTBI cántabro, logrará salir adelante este mismo lunes con el apoyo de cuatro de los cinco grupos del hemiciclo.
“Hemos hecho todo lo que hemos podido y nos quedaremos con la sensación de que esta ley no ha sido todo lo buena que debería ser”, lamenta la portavoz del colectivo para después declarar que ahora comienza la etapa en la que los políticos tendrán que ejecutar todo lo que la norma promete. “Ahí estaremos analizándolo ojo avizor”, concluye Kiara Brambilla con la sensación de no haber ganado la guerra pero sí una batalla.