En las tres inspecciones realizadas en el establecimiento, ubicado en el barrio San Martín, en la zona del Primero de Mayo de Santander, se identificó a un total de 91 trabajadores, de los que 69 no estaban dados de alta.
Además, en la primera inspección de la denominada 'Operación zulo', se localizó una puerta que simulaba ser un cuadro eléctrico, cuando en realidad se trataba del acceso a una nave, reconvertida en hotel, con habitaciones, baños, comedores y despensas, han informado este martes fuentes policiales.
Los acusados, con iniciales J.L.R.M., de 47 años, y J.G.B., de 55, a los que se considera autores de un delito contra los Derechos de los Trabajadores, fueron detenidos el pasado mes de junio, tras las investigaciones llevadas a cabo desde enero de este año por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, tras comprobar la situación administrativa y laboral de sus empleados.
En una primera inspección, se localizó en la planta baja del establecimiento la puerta que simulaba ser un cuadro eléctrico, y donde figuraban varios letreros de una compañía eléctrica con advertencias como 'Acceso solo a personal autorizado' o 'Riesgo eléctrico'.
Se comprobó que se trataba de un acceso simulado a una nave contigua de dos plantas, donde se estaban habilitando y acondicionando habitaciones con baño, una cocina y un comedor, para convertirlo en un hotel, careciendo de las oportunas licencias de obras y permisos para la realización de dichas reformas.
En una nueva inspección realizada en el mes de febrero, se comprobó que la puerta simulada había sido tapiada y varias habitaciones desmanteladas, aunque la cocina continuaba funcionando.
También se halló gran cantidad de material de obra, como puertas, colchones, sanitarios, etcétera.
Finalmente, con la pertinente autorización del Juzgado de Instrucción de guardia, se realizó una entrada y registro en el club, se intervino numerosa documentación que demostraba el funcionamiento contable del establecimiento, así como 1.920 euros en metálico.
Fue entonces cuando se detuvo a J.L.R.M., como administrador único del local, y a J.G.B., como responsable de las actividades desarrolladas en el mismo, que fueron puestos a disposición judicial.
En todas las intervenciones se identificó a los trabajadores que se encontraban en ese momento en el establecimiento, constatándose que la mayoría de ellos no estaban dados de alta.
Las investigaciones han sido realizadas por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, junto con la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada de Seguridad Ciudadana, y con la colaboración la Inspección Provincial de Trabajo de Seguridad Social.