Ignacio Diego, presidente del PP de Cantabria durante los últimos 13 años, hasta que el pasado 25 de marzo le arrebatara el poder orgánico su mano derecha y número dos, María José Sáenz de Buruaga, se enfrentó al último Congreso Regional con un escenario insólito: a pesar de representar la continuidad del proyecto popular en la comunidad autónoma, compitió en este proceso como un aspirante, con todos los resortes internos del lado de su rival en las urnas.
La candidata del aparato, que había trabajado mano a mano con Diego desde su salto a la política profesional, contó con importantes apoyos externos en esta carrera electoral: el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, o los expresidentes Gonzalo Piñeiro y José Joaquín Martínez Sieso se posicionaron claramente de su lado. También lo hizo entre bambalinas el recién nombrado coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, en lo que suponía el respaldo de Génova a su proyecto.
Ahora, tras una ajustada votación de los compromisarios que se resolvió a favor de Buruaga por tan solo cuatro papeletas, la balanza de la dirección nacional del PP se vuelve a inclinar del lado de la nueva presidenta, que debe lidiar con una oposición interna que amenaza con dividir el partido en dos mitades casi simétricas y con nulas posibilidades de reconciliación.
Este lunes, tras las vacaciones de Semana Santa, la cúpula del PP en Madrid ha insistido en que “María José Sáenz de Buruaga es la presidenta del PP de Cantabria a todos los efectos” porque “da por bueno” el resultado del cuestionado Congreso Regional en el que se impuso por una diferencia tan estrecha y después de haber perdido las primarias abiertas entre los militantes por más de 150 votos.
Compás de espera
A pesar de este apoyo expreso al equipo salido del cónclave cántabro, que aleja la posibilidad de una intervención directa, el Comité de Derechos y Garantías sí estudiará el escrito presentado por los seguidores del expresidente de la formación en Cantabria denunciando “irregularidades” en el mismo, aunque no da fecha para ello.
Así lo han explicado a Europa Press fuentes de Génova, que han confirmado que cuando se reúna este órgano del partido se estudiará el escrito del grupo de afiliados entregado en la sede nacional para exigir la apertura inmediata de una investigación sobre la denuncia de irregularidades en el Congreso del PP de Cantabria.
Queda descartado por tanto otras medidas drásticas solicitadas por este sector crítico, bautizado como Lealtad Popular y defendido por alcaldes y cabezas de lista de 70 municipios de Cantabria, suscrito también por algunos diputados autonómicos y senadores nacionales del partido. Entre otras cosas, reclamaban la suspensión cautelar e inmediata de la actual dirección autonómica hasta que concluya dicha investigación.
Aceptación de los resultados
En los últimos días, desde la facción crítica con Buruaga se había insistido en que su victoria no era limpia y distintos portavoces de la plataforma han recalcado que no aceptan los resultados del XII Congreso Regional del PP de Cantabria, con acusaciones de “pucherazo”, lo que provocó incluso la amenaza de la nueva secretaria general de la formación conservadora de tomar “decisiones contundentes”, que podrían llegar incluso a la apertura de expedientes disciplinarios o a la expulsión del partido llegado el caso.
Por su parte, Génova asegura ahora que “el Congreso se desarrolló de acuerdo a las normas internas del partido” y subraya que “no hubo ninguna impugnación” del mismo, “ni en el momento de su desarrollo ni después”.
Además, estas mismas fuentes de la dirección nacional subrayan que el propio Diego, presidente del PP cántabro durante más de una década, “aceptó los resultados” que daban la victoria por cuatro votos a Buruaga en las declaraciones que realizó a los medios de comunicación tras el Congreso, aunque guarde silencio desde entonces y no haya salido a contradecir las acusaciones lanzadas por parte de su equipo de campaña en este proceso interno.