Un informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que el 38% de la población de Cantabria respiró aire contaminado en 2023 por encima de los nuevos límites legales. En concreto, el documento detalla que 230.000 personas estuvieran expuestas a una contaminación que excede la nueva limitación aprobada para 2030 por el Parlamento Europeo.
Además, el informe sostiene que el área urbana de Santander incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno y apunta que las ciudades cántabras no han implantado todavía las obligadas zonas de bajas emisiones, vencido hace año y medio el plazo legal para ello.
El documento elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 785 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 12 situadas en Cantabria.
Entre sus conclusiones destacan que durante 2023 la calidad del aire en Cantabria ha mejorado respecto a los años 2022 y anteriores a la pandemia, con una reducción significativa de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico, en porcentajes que oscilan entre el 18 % y el 90 % respecto a los promedios del periodo 2012-2019.
El informe toma como referencia los nuevos valores límite aprobados por el Parlamento Europeo el pasado 26 de abril, que deberán alcanzarse antes de 2030. De acuerdo a esos umbrales, el aire contaminado afectó en 2023 a dos quintas partes de la población cántabra, lo que expresa “la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos años para alinearse con la nueva legislación”, apunta el colectivo.
Además, resalta que “considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales”.
No obstante, si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, el aire contaminado “afectó en 2023 a la totalidad de la población cántabra”. En cambio, según el texto, “por la caída del ozono, la totalidad del territorio cántabro estuvo libre de niveles de contaminación que dañan la vegetación”.
El año 2023 fue seco y el segundo más cálido en España desde al menos 1961. La estabilidad atmosférica activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El alto calor estival contribuyó al aumento del ozono, en especial durante las olas de calor de julio y agosto. “El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire”, remarca Ecologistas en Acción.
El “factor esencial” para explicar la caída de la contaminación atmosférica durante 2023 es la evolución de la actividad económica tras la pandemia de la COVID-19. “El consumo de combustibles fósiles y electricidad se redujo el año pasado y las fuentes renovables cubrieron más de la mitad de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas de gas, estando cerradas la mayoría de las de carbón, las más contaminantes”, explica el colectivo.
Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población cántabra. Las partículas presentaron la peor situación en la Bahía de Santander y la Comarca de Torrelavega. El área urbana de Santander incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Y debido a las características climáticas de Cantabria (inestabilidad, altas precipitaciones y baja radiación) la formación de ozono es baja.
“La contaminación del aire debería abordarse como un problema sanitario de primer orden”, subraya Ecologistas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2021 fallecieron prematuramente hasta 21.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, en torno a 300 de ellas en Cantabria, según el Instituto de Salud Global. Los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan según el Banco Mundial 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español.
Falta de voluntad política
Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, pero “en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política”, denuncian desde Ecologistas en Acción. “El Ayuntamiento de Santander carece de un protocolo de actuación frente a episodios de contaminación atmosférica como los que periódicamente afectan a la ciudad”, lamenta el colectivo.
Vencido hace año y medio el plazo para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, Santander y Torrelavega no las han implantado, “pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para ello”, expresa EA.
Así pues, este colectivo recomienda para mejorar la calidad del aire en las ciudades “disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio”. “También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión, designar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Atlántico Noreste, y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas”, concluye.