La lucha de una agente forestal para conseguir la prestación por riesgo durante la lactancia: “Me encuentro en una situación de indefensión”

Aringa Rojo Fernández (Aliezo, 1981) es agente del Medio Natural en la comarca de Liébana desde 2005. Hace seis meses fue madre por segunda vez, pero la mutua del Gobierno de Cantabria no le reconoce el derecho a la prestación por riesgo durante la lactancia a pesar de que algunas de las funciones propias de su puesto de trabajo son la extinción de incendios o la eliminación de animales enfermos en la naturaleza, entre otras. “Me encuentro en una situación de indefensión”, se lamenta.

La funcionaria, con el apoyo del sindicato Trabajadores Unidos (TÚ), ha denunciado públicamente la “discriminación” y “desprotección laboral” que sufre por parte de la Mutua Montañesa -que no se ha pronunciado al respecto, ya que “el caso está judicializado”, al igual que el Gobierno de Cantabria, para quien trabaja- al haberle negado la prestación por riesgo durante la lactancia después de dar a luz a su segundo hijo.

Aringa solicitó dicha ayuda el pasado mes de febrero, cuando su segundo hijo tan solo tenía 15 días. Tras un informe emitido por la Dirección General de Biodiversidad en el que se manifiesta “que no es posible adaptar mi puesto de trabajo y quitarme los riesgos”, su caso se elevó a la Mutua y esta lo rechazó. En ese momento, la lebaniega se vio obligada a iniciar, por segunda vez, “un periplo político en despachos” que, hasta ahora, no ha dado ningún resultado.

“He gastado las vacaciones del año pasado y los días de asuntos propios esperando la resolución de la Mutua, pero la Administración juega con los tiempos y el tiempo juega en mi contra porque, cuando el niño tenga nueve meses, pierdo el derecho”, explica la agente forestal. “Lo hemos llevado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) con carácter de urgencia y nos han dado vista para el 24 de julio de 2023, cuando mi hijo tenga ya un año y medio”, añade.

“Me encuentro en una situación de indefensión en la que no me adaptan el puesto de trabajo, no me quitan los riesgos y no me pueden facilitar nada de lo necesario para ejercer mi derecho de dar de mamar a mi hijo”, protesta.

La imposibilidad de adaptar su trabajo como agente del Medio Natural a esta situación radica en que, entre sus labores cotidianas, se encuentran la dirección y extinción de incendios forestales a pie de campo, la aplicación de productos fitosanitarios y los aprovechamientos cinegéticos -es decir, la eliminación de animales enfermos-. “Siempre he trabajado igual que un hombre, pero esto es un caso biológico que un hombre no puede hacer”, subraya.

“Trabajo al aire libre y en todoterreno. El tiempo que estoy en la calle siempre es superior a los tiempos de extracción de la leche y, además, no tengo ni dónde sacarlo, ni dónde refrigerarlo y almacenarlo. No tengo nada”, explica Aringa.

Victoria en los tribunales

No es la primera vez que Aringa se ve en una vorágine burocrática como esta. Cuando tuvo a su primer hijo, hace casi cinco años, se encontró con la misma situación. En esa ocasión, la funcionaria comunicó su embarazo a los seis meses, tras extinguir un incendio en Campollo la noche anterior.

Fue una médica de la propia Mutua Montañesa quien le informó sobre la existencia de la prestación por riesgo durante la lactancia cuando Aringa acudió a esta entidad con la finalidad de iniciar el procedimiento de riesgo durante el embarazo.

Sin embargo, asegura que, al solicitar la citada ayuda, “el servicio de Prevención de Riesgos Laborales desconocía que existía ese apartado en la ley, qué hacer y cómo se tenía que tramitar”. “Me contestaron diciendo que me iban a derivar a hacer funciones administrativas, las cuales podría hacer en cinco minutos porque mi trabajo realmente es de campo”, relata. “Esto también se aplica a las azafatas de avión y a ellas no las dejan en el aeropuerto para vender boletos”, expone con indignación.

Además, señala que “la nave forestal de Tama es bajo cubierta y en verano a veces supera los 40 grados” y apunta que “la oficina no tiene ni siquiera una evaluación de riesgos hecha, la tengo que compartir con 40 hombres y tiene un cuarto con dos congeladores donde se meten animales envenenados y muertos”.

En aquel caso, y “después de gastar un pastizal del que no he recuperado ni un céntimo”, así como “todas las vacaciones acumuladas”,  los tribunales reconocieron que no era posible adaptar el puesto de trabajo de Aringa, pero la sentencia llegó cuando el niño ya tenía tres años, por lo que ha quedado pendiente de ejecución.

“No nos vamos a parar aquí”

El sindicato TÚ ha acompañado a Aringa en todo este proceso desde que tuvo su primer hijo y “hemos hecho un seguimiento de cómo ha sido la evolución en cuanto a la adaptación del puesto de trabajo”.

Sin embargo, Isabel Rodríguez, representante del sindicato TÚ, considera que “poco o nada se avanzó” cuando “en esta segunda ocasión se encuentra con otro escollo”, ya que “en aquel momento fue la propia Consejería y, en este caso, es la Mutua Montañesa la que ha denegado esa suspensión del contrato”.

“Nos hemos dirigido en su nombre al Parlamento de Cantabria, a la Presidencia y Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico, a la Dirección General de la Mujer, a la ministra de Igualdad, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados…”, incluso “a la directiva de la Mutua Montañesa, donde se encuentran representantes del Gobierno de Cantabria y de las organizaciones sindicales de clase, porque entre sus funciones están la de tratar cuestiones de un calado trascendental que puedan suceder en el ámbito de la entidad”, enumera.

No obstante, Rodríguez asegura que “no nos vamos a parar aquí”. De hecho, “vamos a facilitar la posibilidad de acceder al Defensor del Pueblo y al Tribunal Superior de Derechos Humanos porque entendemos que lo que se está vulnerando es un derecho fundamental como es la protección a una madre y a un lactante en una situación de riesgo”, argumenta.

“Nos quedamos perplejos porque esto no está sucediendo en cualquier empresa, sino en el Gobierno de Cantabria, que no solo está incumpliendo con la protección al derecho de una trabajadora, sino con las políticas de igualdad y de persecución a la discriminación de la mujer y de la madre que se están promulgando desde el mismo”, explica.

Para Rodríguez, la postura del sindicato “es compartida con la mayoría de la ciudadanía y con las personas que entienden que debemos resolver estas deficiencias y disfunciones que nos encontramos en el día a día, sobre todo las mujeres, y en ámbitos muy masculinizados como del que estamos hablando”.