La comida de trabajo que mantuvo durante una visita institucional a Cantabria el ministro de Sanidad, Salvador Illa (PSOE), lleva casi dos semanas provocando una intensa polvareda política que este lunes alcanza incluso al Parlamento autonómico, donde la oposición ha presentado una batería de preguntas para conocer los detalles de ese polémico encuentro, que se celebró en las instalaciones de la Filmoteca, en Santander, y que se produjo en plenas restricciones a la hostelería y la restauración, que llevan desde principios de noviembre con el interior de sus locales cerrados como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
Precisamente como consecuencia de esa limitación, partidos como PP y Ciudadanos o la propia Asociación de Hostelería de Cantabria han pedido explicaciones públicas a los responsables políticos que participaron en un acto que desde el Gobierno autonómico enmarcan dentro de la jornada de trabajo y de la agenda institucional que el ministro desarrolló en Cantabria, que incluyó también una reunión con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), así como una visita al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde conoció de primera mano los avances de los ensayos que se están desarrollando con la vacuna contra el coronavirus y agradeció al personal sanitario su trabajo en la primera línea de batalla contra esta enfermedad.
En esa comida, que sirvió también para trasladar a Illa los proyectos sanitarios y de investigación que Cantabria ha presentado en búsqueda de financiación al Fondo Europeo de Recuperación, hubo un total de 15 comensales, divididos en dos estancias diferenciadas y con tres mesas separadas entre sí “cumpliendo todas las medidas de prevención”, según han confirmado a elDiario.es distintas fuentes que participaron en la misma. La comida se produjo en la planta superior de la Filmoteca, en dos espacios que habitualmente se utilizan para impartir cursos de formación o conferencias, habilitados para la ocasión y con un catering que se contrató a una empresa del sector que la sirvió a domicilio.
En la mesa del ministro había otras cinco personas: el vicepresidente de Cantabria y portavoz del Gobierno autonómico, Pablo Zuloaga; el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez; la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, y la portavoz parlamentaria del PSOE y secretaria de Organización de los socialistas cántabros, Noelia Cobo. Además, en otra mesa que se encontraba en la misma estancia comieron el jefe de Gabinete de la Vicepresidencia de Cantabria, Daniel Rivas; el jefe de Gabinete del consejero de Sanidad, Víctor Casal; la jefa de Gabinete de la Delegación del Gobierno, María Jesús Martín, junto a dos asesores del ministro. Los otros cuatro participantes formaban parte del equipo de Seguridad del Ministerio que se desplazaron a Cantabria junto a Salvador Illa y comieron en una estancia contigua.
Encuentro autorizado
Tras las primeras críticas públicas, el Gobierno de Cantabria salió al paso de las declaraciones del PP y precisó a través de un comunicado que durante la estancia del ministro de Sanidad se sirvió un catering dentro de una reunión de trabajo y que, como actividad laboral, “no está incluida en las limitaciones referidas a la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados”. “Durante esta reunión de trabajo una empresa cántabra de hostelería sirvió un catering, antes de continuar con la agenda prevista con una visita al Hospital Marqués de Valdecilla y al IDIVAL para conocer los avances que se están produciendo en Cantabria en torno a la vacuna contra la COVID-19”, explicó el Ejecutivo.
Según el Gobierno, este tipo de encuentros “está recogido en la disposición primera, punto tercero, del Decreto 3/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria”. En concreto, este punto, sobre la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, establece que “no estarán incluidas en esta limitación las actividades laborales e institucionales”, una circunstancia que no ha evitado las críticas de la patronal de la Hostelería y del principal partido de la oposición, que ha llegado incluso a pedir la dimisión de todos los participantes en ese encuentro.