El Parlamento de Cantabria ha reclamado este lunes al Gobierno autonómico que le remita su proyecto de Ley de Vivienda antes de mediados del próximo año. En concreto, el PRC ha concedido al PP con sus votos un margen de seis meses más del que los propios regionalistas habían planteado inicialmente.
La proposición no de ley del PRC fijaba como plazo máximo para presentar la norma antes de finales de 2024, pero los regionalistas han aceptado una enmienda del PP para ampliar el margen hasta junio de 2025. El diputado regionalista, Javier López Estrada, encargado de defender la iniciativa, lo ha justificado afirmando que el “retraso del inicio de tramitación de seis meses no es trascendente teniendo en cuenta la verdadera trascendencia de esta ley”.
Así, los regionalistas han prestado otro balón de oxígeno al PP -permitió la aprobación de sus primeros presupuestos autonómicos- en un asunto de máxima urgencia teniendo en cuenta la grave crisis de acceso a la vivienda en la que se encuentra inmersa la comunidad autónoma en un contexto de crisis nacional.
El Gobierno cántabro del PP ha rechazado en varias ocasiones aplicar la denominación de 'zonas tensionadas' en Cantabria para poner límites a los precios de los alquileres en los lugares en los que se encuentran especialmente disparados. El Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga carga continuamente contra la normativa estatal y aboga por una ley estatal que no termina de ver la luz y que “priorizará la propiedad privada frente a la okupación”, tal y como ya se ha dado a conocer.
El PP pone el mantra de la okupación en el centro de la problemática del acceso a la vivienda, y este lunes, el diputado popular encargado de debatir la iniciativa regionalista ha insistido en esa premisa llegando incluso a reclamar al Gobierno central que no prorrogue el decreto antidesahucios que expira a final de año.
Previamente, el regionalista López Estrada ha señalado que regular el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes, es una “urgencia social” y ha emplazado a desarrollar una ley con “medidas específicas y valientes para incentivar la construcción de viviendas en alquiler asequible, dirigidas a jóvenes y colectivos vulnerables, al tiempo que se protege la propiedad privada y se mejora la seguridad jurídica en el mercado de alquiler”.
El PSOE, por su parte, ha decidido abstenerse por no aceptar que el debate se alargue hasta junio, y ha insistido en su proyecto de Ley de Vivienda, que no logró sacar adelante cuando gobernaba durante la pasada legislatura con mayoría parlamentaria junto al PRC y que ahora ha registrado en la Cámara autonómica.
“Tiene tres pilares: el fomento del alquiler como medio de acceso universal, la inversión y ampliación del parque público de vivienda y el impulso a la rehabilitación”, ha defendido la diputada socialista Ana Belén Álvarez.
Finalmente, Vox, pese a que la iniciativa ha sido enmendada por el PP, ha votado en contra porque “desconfían” de los regionalistas en materia de vivienda y propiedad privada.