La Justicia confirma que la plantilla del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana “no recibió los medios necesarios” para hacer frente a la primera ola de la pandemia

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha concluido que la Administración no dotó a la plantilla del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana de los medios necesarios de protección para evitar contagios por coronavirus al inicio de la pandemia.

Así lo señala la Sala de lo Social del TSJC en una sentencia en la que desestima el recurso interpuesto por el Gobierno autonómico y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales contra un fallo previo dictado por el Juzgado de lo Social número uno de Santander el pasado mes de agosto.

En la nueva resolución, fechada el pasado 9 de diciembre pero difundida esta semana por el sindicato TU, los magistrados consideran que “ha quedado demostrado que la Administración no dotó a los trabajadores del CAD de Sierrallana, desde el inicio de la pandemia ni tras la aparición de los primeros casos de contagio, de los medios precisos para afrontar protegidos la enfermedad y evitar el peligro de contagiarse y de sufrir la enfermedad”. Este extremo propició que se contagiasen “muchos” empleados del centro, el 40 por ciento de la plantilla según cálculos de la formación sindical.

Además, el TSJC considera que en Sierrallana se “incumplieron” las recomendaciones del Ministerio de Sanidad a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19, y que se “omitieron” medidas preventivas ante el primer caso sospechoso, aparecido en el centro el 6 de marzo de 2020.

Asimismo, la sentencia apunta que tampoco se suministraron los equipos de protección individual -EPIS- necesarios para evitar la expansión de la transmisión del COVID-19, ni se adoptaron las medidas de aislamiento y agrupamiento de los casos positivos confirmados en el centro.

La sentencia del TSJC avala una previa del Juzgado de lo Social nº 1 de Santander con la que el pasado mes de agosto estimó en parte la demanda interpuesta por el sindicato Trabajadores Unidos contra el ICASS del Gobierno de Cantabria a finales de abril.

El juez declaró entonces la existencia de una vulneración del derecho a la salud de los trabajadores del CAD de Sierrallana por un “tardío cumplimiento” de las medidas de prevención de seguridad e higiene frente al Covid durante las primeras fases de la epidemia