Agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real, asociados en FECEVAL (Federación de Empresarios de las comarcas de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana) y SEPRIMAN (Sector Primario Manchego, que integra a agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real) han manifestado a través de un comunicado su “más rotundo rechazo al proyecto de investigación de tierras raras en un área de 9.000 hectáreas por parte de la mercantil Quantum Minería”.
Se suman así a otras entidades relacionadas con el sector primario, como la veintena de cooperativas agroalimentarias de la provincia de Ciudad Real, que se vienen manifestado en las últimas semana contra el proyecto de explotación de monacita que se pretende llevar a efecto en los términos municipales de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas.
Tanto FECEVAL Agracia como SEPRIMAN se ham mostramos contrarios al proyecto “ya que podría conllevar la rehabilitación de anteriores planes de la compañía (como los de ‘Matamulas’ o ‘Rematamulas’) que afectaría a muchos otros términos municipales colindantes en la provincia de Ciudad Real”.
Su rechazo se fundamenta en tres aspectos principales. Así citan el impacto socieconómico que estos proyectos tendría sobre la actividad profesional de los agricultores y ganaderos. “Consideramos que este tipo de proyectos de minería a cielo abierto conllevan numerosas repercusiones negativas sobre nuestras explotaciones por el impacto adverso sobre el suelo dado que este tipo de proyectos extractivos necesitan de la excavación superficial del terreno afectando a la capa fértil del mismo, que en algunas zonas no excede de los 20 centímetros”, apuntan.
No obvian que la empresa responsable del proyecto asegura que “esta capa sería repuesta y que el suelo quedaría en mejores condiciones, pero desde nuestra experiencia profesional y en base a los informes de nuestros técnicos negamos en rotundo que esto se pueda llevar a efecto con garantías”.
Asimismo, destacan las repercusiones negativas que estas actividades tendría sobre los recursos hídricos, “dado que quienes habitamos estos territorios sabemos de la aguda escasez de agua que padecemos, por lo que sería una catástrofe para nuestros cultivos alterar en lo más mínimo su dotación”.
Por otro lado, reseñan que “las cifras de consumo indicadas por la mercantil –en especial durante una pretendida fase de explotación- son sencillamente irreales, más teniendo en cuenta los informes tanto del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadiana) como de otras entidades de referencia como la Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas (FIRE)”.
Además, “el riesgo potencial de la contaminación de acuíferos es otro de los factores a tener en cuenta dado que el mineral presenta en su composición trazas de elementos radioactivos como el torio y el uranio, por lo que es una total irresponsabilidad hablar como está haciendo la mercantil de la ‘inocuidad’ de sus proyectos en Ciudad Real”.
“Todo ello tiene, como es lógico, claras repercusiones negativas que pueden causar un perjuicio evidente a la distribución de nuestros productos, tales como aceites, vinos, quesos y hortalizas, dificultando su comercialización y alterando de esta forma el sustento de miles de familias en la provincia”, señalan.
Por otro lado, apuntan el impacto económico para abundar en su rechazo. “Resulta evidente que explorar y/o explotar superficies tan amplias no va a beneficiar en nada a la biodiversidad de las áreas afectadas y sin embargo sí podría afectar seriamente a proyectos de conservación de especies amenazadas como el lince ibérico (Lynx pardinus), el águila imperial (Aquila adalberti) y otras aves esteparias, animales que tanto está costando rehabilitar y que están sirviendo para crear una conciencia positiva hacia la conservación del medioambiente y sirven para promocionar el turismo de naturaleza, actividad que está repercutiendo de manera positiva y significativa en la hostelería a todos los niveles (local, provincial y autonómico)”.
Asimismo consideran el impacto “preocupante el impacto de la minería de tierras raras sobre la salud pública, sobre todo teniendo en cuenta que múltiples trabajos científicos elaborados en distintos países y por distintos equipos de especialistas apuntan en la misma dirección y avalan la incidencia perjudicial de las tierras raras y su actividad minera sobre la salud humana llegando a considerar que este problema tiene una escala global, en unos hechos que, por mucho que quiera la empresa contradecir de manera reiterada, son incontestables”.
Por todo ello, señalan, “pedimos amparo a nuestras autoridades, tanto a los alcaldes a nivel local como al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha D. Emiliano García-Page Sánchez para que no autoricen este tipo de proyectos en comarcas como las del Campo del Montiel y el Campo de Calatrava, dado que en nada benefician a nuestra tierra y a nuestra gente, y además ya han sido desestimados previamente, tanto por la propia autoridad administrativa como por los tribunales de Justicia”.