Los regantes acusan a la Confederación de “poner la puntilla a los regadíos del Alto Guadiana” y condenar “a la ruina a un tercio de la región”

Las ocho Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) del Alto Guadiana: Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar, Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos y Sierra de Altomira ha hecho duras acusaciones contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana tras la decisión de aplicar para las dotaciones de regadío nuevos recortes adicionales del 10% sobre los ya arrastrados, sumando unos recortes de más del 60% sobre las dotaciones de riego, hecho que hace imposible una agricultura de regadío con 1.800 m3 como máximo por hectárea.

Además, las Comunidades han señalado de manera contundente que  “la solución no pasa por recortar las dotaciones de los regadíos hasta el punto de convertirlos a secano”, y  contemplan emprender todas las acciones necesarias, incluida entre ellas la de interponer acciones ante la Comisión Europea contra estas decisiones.

Según han señalado en un comunicado conjunto, la CHG ha presentado “un esquema de temas Importantes (definitivo) que lejos de venir a poner soluciones, lo que hace es poner la puntilla al regadío del Alto Guadiana para el periodo 2021-2027 en el nuevo Plan Hidrológico y con esto la condena a la ruina de un tercio de la región castellano-manchega”.

Ante esta situación, las ocho CUAS, que representan a los más de 60.000 usuarios del agua del Alto Guadiana, donde a la vez se ubican más de 605.000 habitantes, por lo tanto un tercio de la población total de la comunidad, han dicho por unanimidad “basta a los ataques constantes de una Confederación del Guadiana carente de soluciones, pero sí arbitraria contra los Usuarios y regadíos ‘legales’ del Alto Guadiana, que tienen que soportar continuamente las mermas de los derechos contemplados en sus títulos y la falta de garantías hacia ellos”.

Tampoco sale bien parado en este comunicado el Gobierno de Castilla-La Mancha al que acusarn de ser un “Gobierno ausente en la toma de decisiones para la defensa de la mayor superficie de regadío de la región con más de 270.000 hectáreas y las miles de explotaciones ganaderas, que son el medio de vida de forma directa o indirecta de un tercio de la población de Castilla-La Mancha”.

Estudio de Rentabilidad Económica y Social

Las ocho CUAS del Alto Guadiana han presentado también los resultados del reciente Estudio de la Rentabilidad Económica y Social de las Zonas Regables del Alto Guadiana, realizado por Julio Berbel y José Antonio Gómez-Limón, catedráticos del Departamento de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Córdoba (septiembre 2020) por encargo de las CUAS para demostrar con datos el ataque hacia los usuarios de las aguas subterráneas.

El informe detalla que la agricultura de riego del Alto Guadiana “se conforma como el sostén de la renta en sus respectivos municipios, donde la mayoría del empleo directo agrario y gran parte del indirecto en zonas rurales depende de la viabilidad técnica, económica y ambiental de la agricultura de riego”.

Según señalan, en conjunto, las 222.000 hectáreas regadas han producido un valor de 865 millones de euros durante el año 2018, que se traducen en 503 millones de euros de renta disponible y 12.393 empleos en Unidades de Trabajo Autónomas.

“La economía agraria del Alto Guadiana depende del regadío debido a su alta productividad frente a la situación del secano, que con la excepción de la viña (y en menor medida del olivar), arroja pérdidas en todos sus cultivos, incluso después de contar con las ayudas de la PAC”, añade el estudio. El regadío ocupa el 14% de la superficie agraria del Alto Guadiana y genera el 59% del Producto Bruto y el 97% de la Renta Disponible del conjunto del sector agrario en la zona de estudio.

El impacto social que señalan es también muy significativo, generando el 39% del empleo agrario además además que la actividad agraria tiene un efecto multiplicador en el resto de la economía. Empleando el valor de 1,30 que estima el Ministerio de Agricultura como efecto arrastre de la actividad agraria en las industrias y servicios auxiliares, “el resultado es que el regadío del Alto Guadiana genera directa e indirectamente unos 2.000 millones de euros en la economía regional y que la falta de recursos hídricos que obliga a dejar sin regar un 20% de la superficie regable tiene un coste de oportunidad de unos 221 millones de euros que se han dejado de producir y de unos 287 millones de euros indirectos. En total, unos 508 millones que habrían podido ser generados adicionalmente”, señala el informe.

“Al analizar con detalle el regadío se observa que los cuatro cultivos productivamente más importantes (viñedo, ajo, cebolla y melón-sandía), con apenas el 35,9% la superficie regable, aportan el 78,9% del valor de la producción, el 86,7% de la renta y el 65,9% del empleo”.

Las CUAS recuerdan que en el Alto Guadiana se cultivan las mayores superficies de cultivos sociales de regadío de toda España y necesita urgentemente el cumplimiento de las medidas de gestión establecidas legalmente en el Plan Especial de Sequía para garantizar los recursos necesarios para la sostenibilidad de los Espacios Naturales como son las aportaciones de agua desde el Tajo tal y como lleva informando mensualmente desde 2018 hasta su último informe de noviembre el CEDEX a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura: “Desde un punto de vista estrictamente legal, y teniendo en cuenta que no se han producido derivaciones desde el año 2012/13, podría enviarse este año un máximo de 30 hm3 para las Tablas de Daimiel”.

Llamamiento

Las Comunidades de Usuario señalan también que todo esto “pone de manifiesto que todas las administraciones, lejos de cumplir con las medidas establecidas por ley para garantizar la sostenibilidad ambiental con los regadíos del Alto Guadiana, lo que hacen es imponer una y otra vez recortes en las dotaciones de agua de los regantes y otros usuarios hasta empujarlos a la ruina, desoyendo las propuestas y el trabajo de las CUAS y llegando incluso a señalarlas como culpables de la situación” y señala que esto es algo “que bajo ningún concepto vamos a tolerar”.

Las ocho CUAS del Alto Guadiana hacen un llamamiento a las administraciones públicas (Confederación Hidrográfica del Guadiana y MITECO) sobre los cumplimientos establecidos por ley, de gestión, gobernanza y derechos administrativos de los Usuarios, y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que cumpla con lo recientemente firmado en el documento del Pacto Regional del Agua y haga una defensa clara del único medio de vida que tiene un tercio de la población de Castilla-La Mancha.