Castilla-La Mancha también se ubica a la cola del país en cuestiones medioambientales. La falta de voluntad política en las medidas para promover el reciclaje, la carencia de planes de ordenación de superficies forestales y el cultivo de transgénicos, entre otras muchas cuestiones, son solo algunos de los puntos negros que la organización Greenpeace ha ubicado en la región, dentro de su primera ‘Radiografía social del medio ambiente en España’. En el del ranking general de comunidades autónomas, ocupa el número 12 en cuanto a calidad ambiental, que es “baja” junto con la de Asturias, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cantabria.
Se trata de un listado que la ONG ha elaborado de todas las comunidades, donde aparecen ordenadas según la valoración que han obtenido en el Índice de Calidad Ambiental a través de una serie de indicadores que ofrecen un diagnostico de cada región en cuanto a agricultura, calidad del aire, costas, pesca, energía y cambio climático, protección y gestión del territorio, y residuos.
El informe pasa después a analizar el estado de cada comunidad autónoma. En el caso de Castilla-La Mancha destaca muchos aspectos negativos, empezando por su “tierra nuclear”: cuenta con la central de Trillo en activo y la de Zorita en proceso de desmantelamiento. Recuerda asimismo que la localidad conquense de Villar de Cañas ha sido elegida para albergar el futuro almacén de residuos nucleares (ATC), e incluye en esta lista los proyectos de fractura hidráulica en Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, así como las centrales térmicas de carbón de Puertollano y Elcogás, que emiten CO2 y generan gases contaminantes.
En el capítulo de los transgénicos, Greenpeace cifra en 7.973 las hectáreas de cultivos de este tipo, según datos de 2012, y denuncia además la falta de transparencia en los datos sobre esta superficie, con una diferencia del 77,95% entre laa estimaciones del Ministerio de Agricultura y los datos reales facilitados por el Gobierno regional.
Tampoco aprueba Castilla-La Mancha en gestión de residuos. La organización nombra al Gobierno regional “campeón del antirreciclaje” por “una flagrante ausencia de voluntad política para reciclar y recuperar residuos”. Según datos de 2013, solo se recuperó o creció el 7,45% de los residuos, “la peor comunidad de España”.
Espacios naturales, pozos ilegales e incendios
Sobre espacios naturales, esta radiografía hace especial mención al “descuido en el cuidado” del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, “en peligro” por los miles de pozos ilegales en el Acuífero 23. También denuncia una superficie forestal descuidada, ya que solo el 8,03% de la misma cuenta con un plan de ordenación; y asegura que la región es “tierra de grandes incendios”, mencionando los de Hellin, Chequilla, Alcoroches, Cubillos de Uceda, Navas de Estena y El Real de San Vicente en 2012 (9.300 hectáreas calcinadas), y los de Almorox, Tortuero, Tórtola de Henares y Valceconcha en 2013 (3.850 hectáreas afectadas). Indica por último que el 24,98% de la superficie castellano-manchega (la cuarta parte) está en riesgo de desertificación.
Pero Greenpeace también se hace eco de otros aspectos positivos de la región en cuestiones medioambientales. Asegura que tiene “potencial renovable”, siendo la comunidad con más potencia eléctrica generada por energía solar fotovoltaica, y la tercera en producción temosolar y generación eólica.
También ensalza en positivo que haya 13 municipios declarados contra las prácticas de fracking y el hecho de que sea la segunda comunidad autónoma con mayor superficie dedicada a agricultura ecológica, un 18% de la total en España. Por último, sitúa a Castilla-La Mancha como el territorio español que menos plaguicidas usa por hectárea, y destaca la movilización ciudadana en Alcázar de San Juan contra la privatización del agua, y el hecho de que el 30,41% del territorio esté declarado Espacio Natural Protegido y/o se incluya en la Red Natura 2000.
Con todos estos datos, negativos y positivos, Greenpeace elabora un mapa social de calidad ambiental de la región:
Este informe procede del diagnóstico que la organización ecologista ha querido realizar tras siete años en que la sociedad española ha sufrido “uno de los mayores retrocesos en derechos sociales y atroz recorte en servicios públicos”. Apunta que son cuestiones que también han afectado al medio ambiente y a las políticas sobre el entorno natural, para constatar que “detrás de las agresiones y recortes que ha sufrido el entorno natural en estos años de crisis se esconden duras consecuencias sociales”.