Castilla-La Mancha reclama a la Comisión Europea financiación para impulsar la banda ancha
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, ha reclamado a la Comisión Europea financiación para impulsar la conectividad de banda ancha ya que “la falta de cobertura sigue siendo un problema en muchas zonas rurales y escasamente pobladas en regiones de toda Europa, incluyendo Castilla-La Mancha”.
Así lo ha trasladado, junto al resto de representantes europeos en el pleno del Comité de las Regiones que se ha celebrado en Bruselas y en el que ha pedido que la banda ancha sea apoyada fortaleciendo la Política de Cohesión paralelamente con otros instrumentos que combinen financiación pública y privada.
Actualmente, la cobertura de banda ancha de alta velocidad sólo alcanza el 40 por ciento de los residentes rurales en la UE en comparación con el 90 por ciento de las zonas urbanas, lo que a su juicio “representa un obstáculo para alcanzar los objetivos de la Unión Europea para el mercado único digital y contribuye al creciente problema de la despoblación rural en toda Europa”.
En este sentido, por parte del Gobierno regional, dentro de la convocatoria pública de ayudas destinada a entidades locales existe una partida de siete millones de euros que tiene como objetivo la selección de operaciones para extensión de la Red de Puntos de Inclusión Digital en Castilla-La Mancha, con la finalidad de acelerar la implantación de este tipo de infraestructuras.
El Comité Europeo de las Regiones ha entregado en Bruselas la declaración de la Alianza por la Cohesión, a la que se adhirió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la que se pide a la Comisión Europea que el presupuesto de la Unión Europea después de 2020, que se está debatiendo actualmente, siga dedicando al menos una tercera parte a la Política de Cohesión, la cual sirve para disminuir las desigualdades entre ciudadanos y entre regiones.
Política de Cohesión
Durante el pleno del Comité, las regiones europeas han aprobado el Dictamen que reconoce al Fondo Social Europeo (FSE) como una partida clave de la Política de Cohesión, ya que fomenta la creación puestos de trabajo, la educación y la inclusión social, y han reclamado que debe gestionarse en asociación con las regiones y las ciudades.
El objetivo del FSE es reducir las diferencias entre las regiones y ciudades europeas mediante la promoción de la creación de empleo, la productividad del trabajo, la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Sus prioridades incluyen impulsar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas; mejorar el acceso al empleo, facilitar la transición de la escuela al trabajo y mejorar la formación profesional; ayudar a los grupos desfavorecidos a encontrar empleo; lucha contra la pobreza; y reducir el número de estudiantes que abandonan la escuela temprana.
La directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos ha afirmado que dicho organismo está movilizando sus esfuerzos para asegurar el mantenimiento de estos fondos, cuya gestión no debe centralizarse.
