Hasta ahora, las entidades de carácter social y sin ánimo de lucro que prestan servicios públicos en Castilla-La Mancha, el denominado Tercer Sector, renuevan cada año sus conciertos con la Administración autonómica. En el marco de la futura aprobación de la Ley del Tercer Sector que definirá sus funciones y sus relaciones con el Gobierno, a la que ya ha dado luz verde el Consejo de Gobierno, es intención de la Junta comenzar a elaborar una regulación permanente del concierto social. Con ello se daría “seguridad y tranquilidad” a estas entidades en cuanto a las partidas de las que disponen para realizar su labor social.
Actualmente, en Castilla-La Mancha hay un total de 5.154 entidades inscritas como Tercer Sector, de las cuales 3.425 activas. Un total de 6.338 personas están contratadas de forma directa y atienden a casi 400.000 personas.
Esta medida la ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, con motivo del envío a las Cortes castellanomanchegas del proyecto de Ley del Tercer Sector, una de las normativas pendientes de la anterior legislatura y que el Gobierno quiere sacar adelante cuanto antes. El texto, ya adelantado por eldiarioclm.es, ha sido elaborado junto con la Mesa del Tercer Sector de la comunidad autónoma y otras entidades sin ánimo de lucro.
Una ordenación del Tercer Sector
El principal objetivo de la normativa es definir y ordenar el Tercer Sector por primera vez en la región, es decir, determinar qué entidades lo integran y favorecer con ello la cooperación y la colaboración con la Administración en todas sus áreas. La consejera ha recordado que estos colectivos trabajan con personas durante todo su ciclo vital, y también con políticas de discapacidad, dependencia, enfermedades, mujeres o dificultades socio-económicas.
La tramitación del proyecto se inició en febrero de 2016 cuando se celebró un Consejo de Gobierno abierto con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Meses después comenzó la redacción del texto junto con entidades de todo tipo y expertos de la Consejería de Bienestar Social. Posteriormente se realizó un diagnóstico del Tercer Sector mediante una encuesta en la que participaron 235 entidades de Castilla-La Mancha. Finalmente se constituyó la Comisión Mixta con entidades, expertos y empleados públicos. El trabajo final es el proyecto de ley al que hoy el Ejecutivo ha dado el visto bueno para su tramitación en las Cortes.
Entre sus principales novedades, incluye la creación de un “inventario público y único” de entidades del Tercer Sector que “mejorará la relación con la Administración”; así como una serie de principios rectores de la acción de las entidades (como la solidaridad, la justicia, la transversalidad y la participación social) y obligaciones como la gestión democrática y responsable. Mediante la nueva ley se creará también una Comisión para el Diálogo Civil, integrada por la Junta y la Mesa Tercer Sector, como “un marco institucional de cooperación”.
Transversalidad con sanidad, educación o consumo
Además de todo ello, en la ley también se prevé la elaboración de una Estrategia del Tercer Sector Social, con distintos ámbitos como el apoyo al voluntariado y la colaboración con el tejido empresarial. A este respecto, Aurelia Sánchez ha querido recordar que la nueva normativa será transversal porque los convenios de las entidades también afectan a otras áreas de gobierno como la sanidad, la educación, el consumo o el medio ambiente.
Al hilo de la aprobación del proyecto de ley, la consejera ha recordado que uno de los aspectos a contemplar es el concierto social. No se regula de forma específica en la norma pero la Junta ya ha comenzado a trabajar en varios modelos, que se basarían tanto en esta ley como en la de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
Ha apuntado a este respecto que será previsiblemente un decreto posterior el que fije una concertación permanente o con continuidad lo que dará “seguridad y tranquilidad” a las entidades sociales. En los presupuestos regionales de 2018 –los actualmente vigentes, puesto que fueron prorrogados- la partida de concertación entre la Administración y el Tercer Sector superó los 300 millones de euros.