El uso de venenos está prohibido y considerado como un método no selectivo y masivo de captura de animales por la legislación comunitaria, estatal y autonómica. Están constatados sus enormes impactos sobre la fauna y las especies amenazadas, así como los riesgos para la salud humana. Desde que Castilla-La Mancha se convirtiera en 2005 en uno de los primeros gobiernos autonómicos en adoptar un plan específico de lucha contra el uso ilegal del veneno en el medio natural, son muchos los métodos que se han desarrollado en estas prácticas ilegales. Aunque hay dotaciones específicas en el Cuerpo de Agentes Medioambientales para perseguirlos, el Ejecutivo ha decidido actualizar la regulación de ese plan para endurecer la vigilancia, inspección y persecución de delito, en colaboración con organizaciones conservacionistas y con el propio sector de la caza.
En el borrador de la orden mediante la que se va a modificar la normativa, a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, la Junta explica que es necesaria la persistencia en esta lucha porque “aun cuando la utilización sea más o menos reducida, los efectos sobre especies silvestres, especialmente sobre aquellas con un grado importante de amenaza y especialmente sensibles a estas prácticas, podría llegar a ser devastador”.
Entre los objetivos que se ha marcado la Dirección General del Medio Natural, de quien emana esta modificación, está mejorar la información disponible sobre el uso ilegal de cebos envenenados, incidir en la disuasión del uso de veneno, aumentar la eficacia de las sanciones y de la persecución del delito penal, y desarrollar medidas y protocolos actualizados y adecuados.
La reforma también busca facilitar o mejorar los mecanismos de coordinación entre las diferentes Administraciones y colectivos involucrados en la lucha contra el uso de venenos en el medio natural como la Administración regional, la Guardia Civil, la Administración de Justicia y las ONG. Asimismo, se reforzarán las Unidades especializadas de lucha contra el veneno (UNIVE) con fines de investigación e información y de las Unidades Caninas de detección de cebos envenenados.
Control de biocidas
Dentro del objetivo específico de la prevención y disuasión del empleo de veneno, el Ejecutivo castellanomanchego quiere “estudiar, ensayar y promover el uso de otros métodos alternativos selectivos de control de predadores generalistas” y también controlar el acceso a las sustancias tóxicas empleadas, “en especial cuando se trate de biocidas comerciales de alta toxicidad empleados en actividades agrarias”.
Asimismo, es necesario persistir en la educación ambiental dirigida específicamente a los colectivos de cazadores, guardas, titulares cinegéticos y ganaderos de extensivo, así como la dirigida a la población en general dentro de programas más amplios sobre conservación del medio natural.
Para alcanzar estos objetivos, se realizarán jornadas técnicas con participación de los principales sectores implicados con objeto de incrementar el nivel de conocimiento y sensibilización sobre el problema, así como promover la interacción y cooperación entre los sectores y las personas implicadas. En este sentido, también se impartirán cursos específicos dentro de los programas de formación de la Función Pública, dirigidos a los Jurídicos, Técnicos y Agentes Medioambientales destinados a incrementar el nivel de formación de cara a su actuación en casos de detección, levantamiento y vigilancia del veneno.
Y en esta línea, el Gobierno regional también quiere establecer una línea de actuación similar entre el colectivo de ganaderos de extensivo. “En este grupo es más difícil de alcanzar los fines anteriores, al no existir una única organización aglutinadora de la mayor parte del colectivo, pero puede tratarse su colaboración a través de las organizaciones agrarias y, en las zonas con más antecedentes, mediante las Asociaciones de Defensa Sanitaria de ese ámbito geográfico”, agrega el borrador.
De manera más específica, también se establece la inclusión específica de la problemática de los cebos envenenados en el examen de guarda y/o vigilante de coto privado de caza, así como, en su caso, en el temario del examen de cazador.
Por otra parte, para alcanzar un nivel de vigilancia adecuado se prevé tanto reforzar el funcionamiento de las UNIVE en Toledo y Ciudad Real compuesta por al menos tres personas funcionarias adscritas al Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, como colaborar con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para optimizar los esfuerzos en materia de detección de veneno y solicitar su colaboración cuando se estime precisa, especialmente en los periodos de mayor incidencia del uso de cebos envenenados y en las zonas de mayor riesgo.
Precisamente, en cuanto a la Investigación sobre la autoría del delito, la reforma destaca la necesidad de colaborar de forma coordinada entre SEPRONA y Agentes Medioambientales. Según recalca el Ejecutivo, la vía sancionadora es una línea imprescindible para la erradicación del veneno, y si es eficaz también resulta de extrema utilidad como elemento disuasorio. Por este motivo, regula que en el caso de que no existan elementos para atribuir la responsabilidad en la colocación material del veneno, se iniciará el procedimiento sancionador en vía administrativa contra la persona titular del aprovechamiento cinegético por posible omisión de su obligación de impedir la colocación o la existencia de cebos envenenados.