El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana un decreto que simplifica el procedimiento en las pruebas de acceso a la Policía Local y que, entre otras cuestiones reduce de seis a cuatro las pruebas obligatorias para los y las aspirantes. En concreto, se elimina el examen relativo al desarrollo de temas y la prueba de idiomas, que pasa a ser voluntaria, de manera que solo será de mérito y no servirá para obtener plaza.
Según ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, la iniciativa tiene que ver con la petición de los ayuntamientos de la región que vienen reivindicando procesos de selección más sencillos. “El proceso ahora es demasiado farragoso, largo y provoca que los ayuntamientos no tengan medios personales y técnicos para hacerlo y es muy lento”.
Además, la normativa se había quedado “obsoleta” en cuanto a ciertas titulaciones que se exigen a los candidatos. En este aspecto se aprovecha para actualizar algunas referencias en relación a titulaciones académicas y se suprime la obligatoriedad de disponer del permiso de conducir BTP, ese carné especial que autorizaba a conducir vehículos prioritarios que pudieran circular en servicio de urgencia y transporte público, siempre que no superaran los nueve pasajeros o los 3.500 kilos de peso, con la finalidad de dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación existente.
Además, se retrasa el reconocimiento médico, que es la prueba más costosa, y se reducen y agrupan las pruebas de ascenso a oficiales y otras categorías superiores.
El decreto entrará en vigor en dos meses y la modificación normativa del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha contado con el visto bueno de todas las partes afectadas, explica el Ejecutivo regional.
En la actualidad un total de 241 ayuntamientos de la región cuentan con plazas para policías locales. Una cifra que ha crecido de forma exponencial durante los dos años de pandemia. En 2020 los ayuntamientos con plazas para policías locales eran 158.
El pasado mes de diciembre el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina comentaba que entre 2020 y 2022, en plena pandemia, la Escuela de Protección Ciudadana, habrá formado a 350 nuevos agentes después de que hayan superado las oposiciones en el vigente formato que cambiará dentro de dos meses cuando entre en vigor el nuevo decreto.