El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido actualizar el marco regulatorio de una de las figuras sociales y agrarias más importantes de la región: las cooperativas. Mediante el proyecto de Ley de Microempresa Cooperativa y Cooperativas Rurales busca llegar a un sector de la economía social hasta ahora con una base de funcionamiento sin actualizar y que no está sujeta a los cambios en la economía. El Consejo de Gobierno ya ha dado el visto bueno a este borrador en la que además se reservará un cupo de participación a las cooperativas sociales sin ánimo de lucro para que puedan participar en las contrataciones con el sector público.
Esta nueva ley vendrá a modificar la normativa existente de 2002 y su posterior modificación en 2010, cuando se adoptaron cambios sustanciales del modelo de cooperativas para adaptarlo a la normativa europea. Entonces ya se establecieron estos dos nuevos modelos (la microempresa cooperativa y la cooperativa rural), y con la llegada del Gobierno actual, tras cuatro años sin desarrollo, ahora se ha decidido impulsarlas mediante una ley al existir consenso con el sector.
Según la disposición adicional séptima del proyecto, los órganos de contratación de la Administración regional y sus organismos autónomos reservarán este porcentaje, por ahora no definido, a la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos referidos a prestaciones de carácter social o asistencial a cooperativas de iniciativa social, cuando su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. También se establece que el importe anual estos contratos y las condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento se establecerán mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.
La nueva Ley incorpora en su articulado una serie de preceptos que van desde la constitución de microempresas y cooperativas hasta su funcionamiento posterior. Se establece así que podrán constituirse como microempresas cooperativas tanto las sociedades cooperativas de nueva constitución como aquellas ya constituidas a la entrada en vigor de esta norma, que cumplan los requisitos establecidos. Será igualmente de aplicación esta Ley, a las sociedades mercantiles o asociaciones que procedan a transformarse en microempresa cooperativa.
Esta figura podrá salir a la luz mediante escritura pública y adquirirá personalidad jurídica previa inscripción en la unidad competente del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, de reciente creación. A tal efecto, este registro tramitará de forma abreviada, es decir, acortando los plazos, la constitución de las microempresas cooperativas cuando cumplan con los estatutos sociales regulados.
Otras de las novedades incorporadas al proyecto de ley es que esta nueva figura podrá salir adelante con un mínimo de dos y un máximo de diez socios ordinarios, y además, en el caso de que se opte por el régimen especial de trabajadores autónomos para sus socios trabajadores, podrá establecer estatutariamente la obligación del pago de las cuotas de la Seguridad Social de los socios durante su periodo activo en la cooperativa. De hecho, las cuantías abonadas no formarán parte del anticipo societario y tendrán la consideración de gasto deducible.
Además, el capital social mínimo con el que pueden no será inferior a 3.000 euros y deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado, al menos, en un50%. El resto del capital social deberá estar desembolsado en un plazo máximo de dos años.
Régimen de cooperativas rurales
En cuanto a las cooperativas rurales, que pasarán a llamarse ‘agroalimentarias’ por primera vez con carácter legislativo, podrá ser socio cualquier persona física o jurídica, pública o privada, incluyendo otras cooperativas, que precisen de los bienes y servicios que se presten o gestionen. Su método de funcionamiento se mantiene: será de tipo asambleario, convocado por el órgano de administración, al que corresponde el gobierno, control y gestión de las distintas secciones de la cooperativa.
La norma incorpora que también podrán aglutinar más sectores de actividad (desde las nuevas tecnologías, pasando por la dependencia y la educación) con al menos dos ámbitos de actuación en municipios con una población igual o menor a 15.000 habitantes. La ley anterior también se ha modificado para que con carácter general y sin necesidad de expresa previsión estatutaria, las cooperativas agroalimentarias puedan realizar operaciones con terceros no socios hasta un límite máximo 50% del total de las realizadas por los socios para cada tipo de actividad.
En total, más de 2.200 empresas y 16.400 trabajadores forman parte del sector de la economía social de Castilla-La Mancha. Para el Gobierno regional es un área estratégica, contando con que se trata de la cuarta comunidad autónoma que más empleo genera través de la misma, después de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Más del 62% de la economía social de la región lo conforman las cooperativas, que además generan el 72% del empleo. La Junta ha destacado que se trata de puestos de trabajo “estables y de calidad” y que casi la mitad de los municipios de la comunidad autónoma cuentan con una cooperativa.