Un informe advierte de que Castilla-La Mancha es la región que más ha reducido su inversión en el sistema sanitario desde 2009

“La COVID-19 no ha supuesto la crisis de la atención primaria, la crisis estaba ya. Decadencia es una palabra dura pero igual representa lo que está pasando en la atención primaria”. Son palabras de Concha Piqueras, del Colegio Oficial de Enfermería de Albacete, en el informe 'La otra pandemia' en el que Amnistía Internacional ha analizado la situación de los servicios de atención primaria de tres comunidades autónomas: Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. La organización relata cómo la “falta de inversión” en estos servicios se ha unido a la “falta de planificación y de recursos suficientes” para poder hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus.

Entre los datos y advertencias que plagan las páginas del documento, destaca un dato muy importante: y es que la región es la que más ha desinvertido en sus servicios de Atención Primaria desde 2009. Esta desinversión, que se refiere a la retirada del capital invertido en este tipo de asistencia, supera el 18% desde 2009, según las cifras que ofrece la organización internacional. En comparación, la desinversión en Cataluña ha sido de un 12,37% y en Madrid, de un 7,79%. En gasto sanitario público por habitante, el sistema castellanomanchego también ha sido el que más ha desinvertido, un 16,4%, mientras que el madrileño un 11,05% y el catalán un 13,17%.

Desinversión sanitaria

En atención primaria, Castilla-La Mancha ha sufrido una desinversión de un 11,26%, mientras que en el caso de Madrid ha sido un 11,76% y en el de Cataluña roza el 25%. En el informe se ha estudiado la situación de las tres comunidades autónomas debido a su “alto grado” de desinversión en atención sanitaria, la situación epidemiológica que se vivió en los territorios en julio del año pasado y, finalmente, la diversidad de fuerzas políticas representadas en los tres gobiernos autonómicos.

Pero en 'La otra pandemia' no sólo se habla de la falta de inversión que ha sufrido el sistema sanitario en estas regiones, sino que también se alerta de la difícil situación por la que han pasado los profesionales sanitarios durante la pandemia. En este sentido, advierten de la “falta de personal ya existente previo a la pandemia” y también de la “sobrecarga asistencial” a la que han tenido que ofrecerse. A diferencia de Catalunya y Madrid, en Castilla-La Mancha se asegura que no se cerraron centros de salud o consultorios durante los meses más graves de la pandemia. En el informe se señala, eso sí, que se ha registrado el cierre de “al menos dos” centros de este tipo en territorio castellanomanchego.

Retrasos en los diagnósticos 'no-COVID'

“Tengo una compañera que fue a la consulta de su médico por un bulto y al hacerle la ecografía le dijeron que era necesario un estudio más concreto. Pero al pedir cita le dieron para seis meses después. Esta compañera mía tiene un cáncer de mama agresivo con tres tumores en tres partes distintas. Si se espera al mes de abril no quiero ni hablar de lo que hubiese ocurrido, pero ha tenido que acudir a una consulta privada para que le adelantasen los análisis. Esto no se puede permitir. El sistema sanitario está jugando con la vida de pacientes de otras enfermedades no-COVID y a ese juego no estamos dispuestos a contribuir los pacientes”. Son palabras de María Luisa, paciente de cáncer y también presidenta de la asociación ROSAE de Valdepeñas, una de las muchas entrevistadas para el informe.

De esta manera se advierte en el informe también de que el retraso en los diagnósticos que no están relacionados con el coronavirus “podría provocar muertes” y lo relacionan de esta manera al exceso de mortalidad que se ha registrado en toda España y que fue especialmente alto en Castilla-La Mancha entre los meses de marzo y abril. En este sentido, también citan al Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que han adviertido de que “la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 lastrará hasta un 5% la supervivencia en cáncer de pulmón en España” y conllevaría con ello unas 1.300 muertes adicionales.

El de María Luisa no es el único testimonio recabado en el informe, para el que se entrevistaron a personas relacionadas con distintas asociaciones de la región: Asociación de Vecinos El Tajo (Toledo), Asociación de Diabetes de Albacete (ADA), Asociación Provincial de Enfermos Reumáticos de Guadalajara (APERG), Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla-La Mancha (FEDICAM), Médicos del Mundo de CLM, ROSAE (Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Valdepeñas), Sociedad Castellano-Manchega de Medicina Familiar y Comunitaria (SCAMFYC).

“Abandono” del personal sanitario

“He llegado a ir al centro a las siete de la mañana y he salido a las cuatro o a las cinco de latarde estirando la jornada para seguir visitando a las personas en sus domicilios”, explica una médica de Guadalajara entrevistada en el documento. Los testimonios, explican desde Amnistía Internacional, “expresan sentimientos de abandono” y también de “frustración” por parte de los profesionales sanitarios. En el caso de Castilla-La Mancha, el documento señala que no existen datos oficiales de cómo ha sido la presión asistencial a la que han tenido que enfrentarse los profesionales sanitarios. Sin embargo, Amnistía advierte que ya antes de la pandemia la atención primaria tenía un nivel muy alto de presión y que más del 40% de los médicos de familia superan el máximo deseable de 1.500 pacientes por profesional sanitario en atención a adultos.

La crisis sanitaria trajo también una reducción en la asistencia sanitaria, y como muestra de ello se cita el testimonio de María, de Castilla-La Mancha, que perdió a su madre en junio del año pasado. “Fue un sufrimiento contante desde febrero. Desde entonces, hasta junio, solo tuvo dos visitas del médico en casa. ¿Por qué ahora en la pandemia, cuando más se necesita la atención, estamos así? Un poco más de humanidad es lo único que pido. La gente mayor ha estado sosteniendo a la familia, sólo pido que se les haga más caso”, reclama. Según el documento, “no siempre se pudo ofrecer la atención adecuada para proporcionar una muerte digna” a las personas que fallecieron en su casa, por la falta de atención paliativa que también depende de la atención primaria.

Finalmente, el informe advierte de la exclusión sanitaria de distintos colectivos y cómo los propios profesionales de la salud no pudieron ayudar a personas que se encuentran involuntariamente fuera del sistema. “Una chica interna cuidadora inmigrante vino con síntomas, fui a registrar la petición de PCR y vi que no estaba en el sistema. No le pude hacer la PCR” explica Agustina, médica en Castilla La Mancha. A esto se le une la doble discriminación por ser mujer: “Las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular han visto cómo se han incrementado las barreras de acceso al sistema público de salud durante la pandemia”, recalcan.