Un nuevo Estatuto

Ha quedado un poco lejos el año 1982, cuando Castilla-La Mancha empezó a caminar con su flamante Estatuto de Autonomía. Esta Ley fundamental ha experimentado cuatro reformas en sus 42 años de vida, y es necesario que nuestra región se dote de un nuevo estatuto adaptado a la realidad del siglo XXI.

Desde hace más de un año, el bipartidismo clásico ha estado reuniéndose para la elaboración de un texto 3.0 del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, pero en los últimos meses se han acelerado los trabajos por iniciativa de García-Page que vio peligrar su sillón la noche del pasado 28 de mayo. Esta tarea inicial de PSOE y PP, llena de secretismo, opacidad y sin nada de participación externa, está dando sus primeros pasos legales, pues el pasado 18 de julio las Cortes regionales aprobaron la toma en consideración de la Proposición de Ley del nuevo Estatuto de Autonomía.

Ahora se abre un periodo de presentación de enmiendas, que empezará el próximo 30 de julio y terminará el 17 de septiembre. Confiamos que los grupos parlamentarios regionales sean generosos y receptivos a las aportaciones que realicen los partidos políticos, agentes sociales, asociaciones y la sociedad civil castellanomanchega en su conjunto, y puedan recogerse en sus enmiendas estas propuestas de mejora del texto legislativo.

Resulta imprescindible que el nuevo estatuto regional contemple como mínimo tener mayores competencias y mayor autogobierno para acercar la gestión y las decisiones a las ciudadanas y ciudadanos, que nos defienda de las agresiones que estamos recibiendo, como el trasvase Tajo-Segura, las macrogranjas, las macroplantas solares, las industrias basura como las plantas de biogás, o futuras amenazas posibles de depósitos de residuos nucleares.

Este Estatuto de Autonomía, que según los plazos verá la luz para 2025, debe reconocer jurídicamente el derecho a la vivienda, al trabajo, a la sanidad, a la educación, a la cultura, al medio ambiente, a la vida digna, al acceso a los servicios sociales y a un desarrollo económico sostenible que se ponga al servicio de la creación y mantenimiento del empleo con derechos y dignamente retribuidos, entre otros. El nuevo Estatuto ha de garantizar el camino de una democracia representativa como la actual hacia una democracia participativa y participada, instaurando la transparencia absoluta de la gestión pública. 

La aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía debe conllevar la reforma de la Ley Electoral, para hacerla más proporcional, justa y democrática. Para ello, para garantizar la igualdad de los votos de toda la ciudadanía, la nueva ley debe implantar la circunscripción única regional, e igualar la ratio entre escaños y electores a la media de las cámaras legislativas autonómicas, y, por lo tanto, que haya entre 69 y 73 diputados y diputadas en el Convento de San Gil de Toledo, representando a los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha.

La ciudadanía de esta región está expectante con el nuevo Estatuto de Autonomía, deseando que su contenido dé respuesta a las necesidades y problemas de los hombres y mujeres que aquí vivimos, y que no sea una “reformita” vacía que se haga únicamente por intereses partidistas de los de siempre. El “consenso” de PSOE y PP no nos sirve, ha de ser un Estatuto participativo consensuado con la sociedad de nuestro territorio.

Con la tramitación del nuevo Estatuto en las Cortes regionales, es irrenunciable que se inicie un proceso de diálogo, de apertura a la sociedad y a todas las fuerzas políticas, solo de esta forma podremos construir una Castilla-La Mancha más democrática y justa, donde las decisiones importantes se tomen con la participación y el consenso de todos, no solo de unos pocos.

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.