Las organizaciones sindicales CCOO, STAS-CLM, CSIF y UGT han exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que “ponga fin a una situación discriminatoria e injusta” que en su opinión sufre el personal laboral en la Administración regional, tanto los trabajadores fijos como interinos, respecto al resto de empleados y empleadas públicas.
Este miércoles se han concentrado en Toledo contra “la precariedad” bajo el lema 'Fin de la precariedad. 35 horas 12 meses YA'.
En su opinión es “inadmisible” la postura del Gobierno Regional porque “la prestación del servicio público no puede ni debe ir de la mano de unas condiciones laborales indignas. Es preocupante ver cómo trata el Gobierno de Castilla-La Mancha a estos colectivos”.
Citan en concreto a los trabajadores y trabajadoras de las categorías Auxiliar Técnico Educativo (ATE), Técnico Especialista en Lengua de Signos (TEILSE), personal de cocina (cocineros y ayudantes de cocina), todos ellos trabajadores de la Consejería de Educación. “Después de pasar un proceso selectivo duro y exigente, son contratados por la Administración solamente para las horas lectivas y tienen un contrato parcial y discontinuo”.
Sus contratos les dejan fuera del convenio colectivo y la precariedad se ceba en las mujeres
Señalan los sindicatos que el mantenimiento de esta contratación “imposibilita” que el personal que trabaja bajo este tipo de contratación pueda acogerse a derechos regulados en el convenio colectivo vigente. Por ejemplo, derechos como la formación y la jubilación parcial, entre otros, “además de la carga burocrática que conlleva y que colapsa las delegaciones provinciales en el inicio de curso”.
Pero esta situación, añaden, no solo perjudica al personal afectado, sino que el resto de trabajadores y trabajadoras también se ven afectados, ya que imposibilita la movilidad voluntaria en las mismas condiciones de inicio. “Al trasladarse a un centro educativo conlleva un gran perjuicio en las condiciones laborales; éste es el motivo por lo que la Consejería de Educación tiene la tasa más alta de interinidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, sostienen los sindicatos.
Aseguran que “las transferencias educativas a la comunidad autónoma trajeron una situación anómala que con el Ministerio no existía y que es el momento de poner fin”. En su opinión, “trabajar en una Administración pública no es garantía de esquivar la precariedad, y eso lo saben bien las mujeres que trabajan en los centros educativos, y hablamos de mujeres porque más del 80% de los colectivos afectados son mujeres, lo que implica una segregación de género que las leyes obligan a erradicar”.