La ‘línea roja’ marcada en las alegaciones de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha al nuevo catálogo de prestaciones de Castilla-La Mancha no ofrece datos muy alentadores en el último informe del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) publicado con las cifras ya cerradas de 2015. Las prestaciones a cuidadores familiares de personas dependientes siguen descendiendo, hasta el punto de que en los últimos dos meses del año pasaron de 15.911 (un 33,8%) a 15.565 (un 31,85%). Se trata precisamente de aquellas ayudas que este colectivo ha venido defendiendo y que han marcado las negociaciones con la Consejería de Bienestar Social después de que en el nuevo catálogo, estas sigan teniendo carácter excepcional.
Los datos son aún más preocupantes si se observan desde principios de año. En enero de 2015 había hasta 18.351 familias recibiendo estas ayudas. Es decir, en un año, y teniendo en cuenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha cambió de signo político en el mes de julio, han descendido en 2.876.
La bajada de estas prestaciones contrasta con la subida del total de prestaciones por servicio, que incluyen prevención, promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o de noche o atención residencial. Entre octubre y noviembre han pasado de 31.159 (66,2%) a 33.298 (68,15%), incrementándose en 1.139.
Ante los últimos datos, la Plataforma por la Dependencia considera que los cuidadores familiares siguen siendo los “damnificados” por las políticas llevadas a cabo desde el Gobierno regional. Aseguran que una familia ve cómo desaparece dicha prestación cada quince minutos y llama la atención sobre el hecho de que Castilla-La Mancha haya acaparado la mitad de la pérdida de estas ayudas, de todas las comunidades autónomas.
La “vulneración” de derechos de los cuidadores familiares
Es más, apunta que esta política de “ataque” a los cuidadores familiares es una continuación de la que se llevó a cabo por parte del Gobierno de Cospedal, y que en lo que llevamos de legislatura 1.143 dependientes han sido despojados de esta prestación. Lo consideran “inadmisible” por vulnerar el derecho de las personas en situación de dependencia que le asiste para cuidar a sus familiares si así lo deciden.
Además, la Plataforma destaca el hecho de que 26.517 personas continúen en el “limbo”, es decir, sin recibir una prestación ya reconocida, en lo que consideran un incumplimiento por parte de la Consejería de Bienestar Social de abrir un periodo de reclamaciones sobre las resoluciones que se dictaron por parte del anterior Gobierno, todas ellas bajo una legislación que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró nula de pleno derecho al amparo del recurso que presentó esta asociación.
Por estos motivos, el colectivo avisa de que si en el plazo de un mes no se abre el plazo de reclamaciones, al que se comprometió este Ejecutivo, pondrán a disposición de todos los afectados sus servicios jurídicos para que los tribunales de justicia restituyan los derechos que les corresponden. “No podemos olvidar que hay más de 16.000 afectados que bien pudieran colapsar los tribunales, además del consiguiente perjuicio económico que causaría al erario público la condena en costas que con seguridad traería consigo”, advierten, dejando claro que la “herencia recibida no será excusa por nuestra parte para exigir la restitución de los derechos hurtados”.