Hay prácticas médicas que todavía se utilizan aunque buena parte de la sociedad se sorprendería de ello, porque no están visibilizadas y forman parte de una zona poco conocida de la sanidad, tanto pública como privada. Es el caso de las sujeciones físicas que se usan en ocasiones tanto para personas mayores como para aquellas con enfermedad mental. Se trata de un mecanismo que lleva tiempo en tela de juicio pero cuya contestación social ha empezado a tomar forma porque están alzando la voz tanto los afectados como los profesionales socio-sanitarios y las entidades sociales que agrupan a unos y otros. La dignidad y la defensa de los derechos humanos son los motivos que esgrimen todos ellos.
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogió recientemente la jornada 'Eliminación de sujeciones físicas en centros sociosanitarios: por un entorno libre', organizada por la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la Reina. Fue todo un éxito y demostró que es un debate candente. Esta iniciativa la ha capitaneado el vicedecano del centro universitario, Pablo A. Cantero, junto con Ana Isabel Corregidor. Nos explica que el ámbito académico no puede “permanecer ajeno” al debate surgido entre los profesionales que atienden tanto a personas mayores como a aquellas con enfermedad mental.
Constata que “hay un claro movimiento hacia una ética asistencial” que respete la dignidad de las personas con independencia del lugar en el que se atienda y de la situación en la que se encuentren. Pero muy especialmente resalta las reivindicaciones de los activistas de las organizaciones que vienen reclamando desde hace tiempo la eliminación de las contenciones y una mejora de los procedimientos que se llevan a cabo en los recursos asistenciales.
Precisamente, uno de los testimonios de afectados que más ampollas levantó en esta jornada fue el de activista Patricia Rey. Ella explica que ha sido “polidiagnosticada” por la psiquiatría sufriendo los procesos de “psiquiatrización y despsiquiatrización”. Es activista en salud mental y dentro del ámbito profesional ha recibido formación como agente de apoyo mutuo de pacientes. También se dedica la docencia.
Subraya que las personas que acuden a los servicios de salud mental solicitando ayuda por lo general han vivido experiencias duras y suelen hacerlo “aquejadas de un gran sufrimiento”. Por lo tanto, es imposible que se establezca una relación de confianza, y con horizontes terapéuticos entre la persona y los profesionales que la atienden, “si lo que le espera es un trato violento y coercitivo”. “La contención mecánica es una práctica altamente iatrogénica (daño en la salud provocado por un acto médico) y de consecuencias retraumatizantes”, añade, una situación que encuadra en la “completa normalización” de identificar la locura con la violencia, lo que ha llevado a su aceptación social.
Sin embargo, cuenta Patricia Rey que existe toda una cultura sobre cómo afrontar, acompañar y paliar el sufrimiento psíquico “que hay que cambiar”. “Es perfectamente posible no atar a las personas y cualquier objetivo en torno a las contenciones que no pase por su abolición siempre será insuficiente”. Según apunta, este debate ha sido “largamente pospuesto o silenciado” pero ha sido la presión social la que lo ha empujado de nuevo.
En este ámbito de la salud mental, también es un experto el psicólogo Pablo Fernández, quien ha trabajado en una Unidad de Atención Temprana para primeros episodios psicóticos y también participó en las jornadas. Él prefiere hablar de la “cultura de atar” y de “violencias y microviolencias cotidianas” en las que participan todos los perfiles profesionales, no solo los psiquiatras. “Por el mero hecho de estar diagnosticadas les decimos a las personas lo que tienen que hacer, cómo se tienen que relacionar, qué cambios tienen que introducir en sus vidas y cómo tienen que ser sus rutinas. Y se lo decimos con la capacidad de privarlas de su libertad, de obligarlas a tomarse la medicación y, desde luego, de atarlas a la cama, que es la punta del iceberg”.
¿Hay alternativas?
Ante todo, recalca que decisión de atar es médica y que hay alternativas. Durante su última experiencia profesional, comprobó que se podía acompañar una crisis psicótica “con el compromiso de respetar sus decisiones”, sin sujeciones. A ello contribuyeron varios factores. El primero de ellos “horizontalizar” los equipos, es decir, incluir a una persona con experiencia en salud mental para la “desjerarquización de saberes”. “Si se comparte la responsabilidad, en vez de recaer en una sola persona, es más difícil recurrir a la violencia”.
Otras soluciones que apunta el experto son intentar reducir el miedo de los pacientes y aprender de otras disciplinas que “han estudiando la violencia y las relaciones de dominación” como el feminismo y la filosofía. En este aspecto cumplió un papel esencial el testimonio de Patricia Rey pero también la lectura de Primeravocal.org, un blog en el que se comparten materiales de personas que han sido psiquiatrizadas y que “están luchando por su autonomía y su dignidad”.
Relatores de Naciones Unidas llevan años denunciando la vulneración de derechos humanos en salud mental no sólo respecto a las sujeciones físicas sino también a otras prácticas cotidianas como los ingresos involuntarios o la toma de medicación forzosa. En 2016, la Asociación Española de Neuropsiquiatría firmó un manifiesto comprometiéndose a la eliminación de esta práctica, y este mismo año se han movido campañas como la de '0 contenciones'. Además, en el último informe de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad publicado en febrero, la relatora especial recomienda a los estados poner fin a la privación de libertad también por motivos psiquiátricos.
“Dejar de atar nos atañe a todos los profesionales. Todos podemos identificar nuestras violencias y es nuestra decisión personal dejar de emitirlas”, afirma el psicólogo. Y ante ello, cita el argumento de un relator de la ONU en 2013: “No hay justificación terapéutica para el uso de la reclusión en régimen de aislamiento y los periodos prolongados de inmovilización en instituciones psiquiátricas; tanto el aislamiento prolongado como la inmovilización pueden constituir tortura y malos tratos”.
El segundo colectivo, aún más invisibilizado, es el de las personas mayores. Carmen Martínez y Víctor Aragonés, directora y CEO, respectivamente, de la organización Atención Integral a la Dependencia (AID), ponen el acento en que la utilización de sujeciones no ha sido “ética” nunca. Pero, sin embargo, a nivel social estas peticiones surgieron hace más de diez años con programas pioneros en el sector como 'Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer' y 'Libera Ger'. “Estos programas abrieron el camino al resto iniciando un debate importante entre organizaciones y profesionales”.
¿Cómo lo conciben los profesionales? “Mantener a una persona sujeta con deterioro cognitivo y en contra de su voluntad, supone atentar contra su dignidad y sus derechos. Por un lado supone una disminución de sus capacidades tanto físicas como cognitivas, y ya hay estudios y publicaciones científicas que lo demuestran. A nivel emocional supone un mazazo contra su autoestima con sentimientos de vergüenza, ira o incluso siendo un factor importante en casos de trastornos del estado de ánimo o depresión”.
De hecho, ambos explican que los parámetros bajo los que se utilizan ni siquiera son homogéneos, y que a pesar de haber una regulación para su uso es curioso cómo en cada centro la justificación varía. Esto ha hecho pensar a los profesionales “que al fin y al cabo no se usan para el beneficio de la persona sino para cubrir las deficiencias que cada organización tiene”. Y este uso “arbitrario” es lo que ha hecho que “en España se abuse tanto de las sujeciones”.
“La sujeción no debe contemplarse nunca como un recurso”
No hay forma, por tanto, de “mejorar” las prácticas, sino solo erradicarlas. “La sujeción no debe nunca contemplarse como un recurso”. Desde AID conocen muchas organizaciones que no usan ni una sola sujeción, y sin apenas incremento de personal, y por eso están consiguiendo que las administraciones públicas comiencen a legislar al respecto, incluyendo en sus planes de atención a mayores inspecciones con personas formadas en el ámbito de cuidado sin sujeciones que realicen visitas a los centros y valoraciones reales. Pero “mientras solo se midan indicadores numéricos en las organizaciones nunca se dará calidad asistencial”. “Nadie está de acuerdo con el uso de sujeciones, se usan porque no sabemos trabajar sin ellas, porque nadie nos ha enseñado”.
Ortonipace, tienda de la Fundación Nipace que trabaja con tecnología ortopédica, explica que las sujeciones mecánicas se realizan conforme a protocolos y estándares de calidad estipulados tanto por normas españolas como europeas. Afirman que la demanda de arneses de sujeción a silla o camas es cada vez menor sobre todo en centros geriátricos, púbicos o privados, y de familias de personas ingresados en estos centros. Y en cuanto a otras herramientas para la “inmovilización”, apuntan que la venta es muy escasa.
No hay una legislación básica para ello. Hay regulaciones autonómicas, reglamentos internos y documentos de consenso entre profesionales. De cualquier forma, se trata de una cuestión 'in crescendo' que no ha pasado desapercibida, por ejemplo, en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha. Con motivo de un encuentro del Ejecutivo con entidades, asociaciones, fundaciones y colectivos de familiares y pacientes con enfermedad mental, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, anunció la creación de un grupo de expertos para determinar cómo han de ser, cuánto deben durar y cuándo se deben utilizar las sujeciones mecánicas para pacientes, sobre todo en el tratamiento en servicios de urgencias. No habló entonces de abolición, pero ahora el debate está más vivo que nunca.