El debate sobre el tiro al pichón o las ‘fricciones’ entre caza y bienestar animal
- La federación española que fomenta esta práctica ha iniciado su ofensiva contra la futura Ley castellano-manchega que prohibirá la actividad
- Ecologistas y animalistas llevan años luchando contra esta modalidad por considerarla una “masacre”
En numerosas ocasiones, el consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado su objetivo de situar a esta comunidad autónoma en la vanguardia del bienestar animal. Con esa intención el Gobierno regional quiere remitir en breve a las Cortes regionales el anteproyecto de Ley de Bienestar y Protección Animal, que actualizará una normativa que tiene más de un cuarto de siglo y que aumentará las sanciones y multas por maltrato. Pero en la misma también se incluyen otras cuestiones que se adivinan polémicas como la prohibición de los animales salvajes en los circos –algunos ayuntamientos de grandes ciudades ya lo han aprobado pero otros ni siquiera han abordado el tema- o la prohibición del tiro al pichón.
En este último caso, el debate está servido: en el proceso de alegaciones, la Real Federación Española de Tiro a Vuelo (RFETAV) ha hecho una encendida defensa de esta práctica y ha puesto sobre la mesa sus fricciones con la modificación de la Ley de Caza que también se tramitará, en paralelo, a la normativa de bienestar animal.
En el documento de alegaciones, al que ha tenido acceso eldiarioclm.es, el presidente de esta Federación, Alejandro Reinoso, aporta una serie de argumentos contra la prohibición de esta práctica, comenzando por su regulación de acuerdo a la Ley del Deporte de 1990 y añadiendo el carácter centenario de la actividad, a la que le fue concedida en 2008 la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.
Posteriormente, habla de la repercusión institucional del tiro al pichón mostrando su gran preocupación ante la posible prohibición en Castilla-La Mancha, lo que supondría, alega, un “duro varapalo a los muchos deportistas y tiradores castellano-manchegos”, y también a los clubes y sectores económicos afectados, como son los proveedores de pichones (“especie que se recolecta y existe gracias al tiro”) y el sector de la hostelería y restauración que atiende a estos deportistas y sus familiares.
Otro de los argumentos esgrimidos es que “el respeto a los pichones es absoluto”. Y aquí viene el quid de la cuestión. La Federación sostiene que esta actividad es un “lance simulado de caza” donde los pichones pertenecen a la fauna silvestre y “no son animales de compañía o domésticos” como sí lo son la paloma zurita o la bravía. “Cuando son capturados están recibiendo el mismo tratamiento que recibe un conejo capturado con capillo y hurón o un venado, para trasladarlos de una finca cinegética a otra”, subrayan. Por este motivo, piden que el tiro al pichón no esté contemplado (como prohibición) en esta Ley de Bienestar Animal sino regulado por la nueva Ley de Caza. Precisamente, en esta última, se señala que no es caza cualquier modalidad “que suponga lanzar los animales (…) aun cuando dichas instalaciones estén ubicadas en el interior de terrenos declarados cinegéticos”.
Tras señalar que los animales son “bien tratados y alimentados hasta que se les suelta” -para ser tiroteados-, afirma que no solo la modificación de la Ley de Caza no es correcta sino que en la modalidad que defiende la RFETAV “no se lanza ningún animal”. “Simplemente, el pichón vuela desde la caja, de manera libre y voluntaria”. Finalmente, considera la Federación que las aves usadas son las recolectadas en palomares que no se encuentran en los núcleos urbanos de ciudades y pueblos. “No se trata por tanto tampoco de animales silvestres urbanos”
Es una visión muy distinta a la ofrecida desde colectivos ecologistas y animalistas. La Asociación Mis Amigas Las Palomas (MALP) ha sido una de las más beligerantes con esta cuestión. Afirma que se trata de la “mayor masacre animal” que se realiza en España y que estas actividades se celebran durante todo el año en campeonatos tanto privados como locales, autonómicos, nacionales, europeos e internacionales. En el país se abaten anualmente unas 250.000 palomas y 200.000 codornices, sólo en tiradas puntuales. En realidad, desde este colectivo estiman una cifra diez veces mayor si se tienen en cuenta los entrenamientos y tiradas sociales.
La Comunidad de Madrid incluyó “excepciones”
Tampoco los ecologistas quieren que esta actividad siga siendo legal. Junto con MALP, varios colectivos, tal y como ya adelantó el blog El Caballo de Niestzche de eldiario.es, llevan años impulsando una campaña para visibilizar esta práctica y pedir su erradicación. Así ha sucedido por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pero incluyendo una serie de “excepciones” que mantienen estas “matanzas” y que han hecho que estos colectivos y particulares sigan manteniendo su activismo contra la nueva ley del Gobierno de Cristina Cifuentes.
La duda ahora es cómo resolverá la cuestión la Junta de Castilla-La Mancha cuando se trata de una práctica con mayor apoyo en la provincia de Albacete pero que no está generalizada en toda la comunidad autónoma. ¿Mantendrá el borrador de una ley que busca ser “vanguardista” o aplicará excepciones como en el caso madrileño? En la norma ya se contemplan algunas alternativas como el uso de hélices que simulan el movimiento de las aves y que ya se utilizan en muchos campos de tiro. Esta ha sido la posibilidad defendida por el consejero Martínez Arroyo.
No es la única fricción entre la reforma de la Ley de Caza y la futura Ley de Protección Animal. Una de las cuestiones más polémicas de la normativa del sector cinegético que aprobó el Gobierno de María Dolores Cospedal y que ahora se reforma, fue permitir a los cazadores que pudieran abatir a perros y gatos (es decir, animales domésticos) asilvestrados. Eso ahora chocaría con la nueva Ley, también en la cuestión del trato a los galgos. En este punto, la Junta estipula que mientras estén cazando, estos animales quedan acogidos a la normativa cinegética y cuando no, a la de Bienestar Animal. Será en la práctica cuando se vea si ambas leyes son compatibles en cuanto al uso y trato a animales domésticos.