Impagos y desahucios: el conflicto en un centenar de viviendas de Guadalajara que gestiona una sociedad católica

En el día de hoy había señalados tres desahucios en el Barrio de la llamada 'Operación Alamín' de Guadalajara, instados por la Sociedad de San Vicente de Paúl, colectivo de origen católico. Dos de ellos han sido aplazados a la espera de nueva fecha por estar tramitándose su solicitud de asistencia jurídica gratuita, y el tercero restante es una ejecución provisional que se llevará a cabo aunque el Tribunal Supremo todavía no ha resuelto el recurso de casación que ha formulado el afectado, mediante el cual tiene que decidir a quién corresponde la propiedad de esas viviendas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara ha convocado un acompañamiento durante toda la noche y una cacerolada desde primera hora de la mañana.

La titularidad solo es uno de los numerosos problemas que arrastra este complejo de viviendas, un conflicto con muchas partes implicadas, al que la PAH, la sociedad propietaria de las viviendas, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno de Castilla-La Mancha llevan años intentando dar solución.

Las viviendas del El Alamín fueron construidas en la década de los 60 bajo el régimen jurídico de Viviendas de Renta Limitada, nombre que tenía entonces el sistema de Viviendas de Protección Oficial. Si bien en otras provincias de España el promotor fue directamente el Instituto Nacional de la Vivienda, en Guadalajara el sistema consistía en que una entidad pública o privada podía convertirse en promotor de vivienda protegida (parroquias, sindicatos o empresas, entre otros).

La Sociedad de San Vicente de Paúl obtuvo la subvención para construir las viviendas sobre un terreno donado entonces por la Condesa Viuda de Romanones para ese fin: “Dar un hogar a los pobres”. En 1962, el Ministerio de la Vivienda calificó definitivamente esas casas como protegidas y se hicieron las correspondientes entregas de llaves.

Una compraventa “que nunca ocurrió”

Este régimen jurídico consistía en que, tras el abono del préstamo hipotecario concedido por el Estado a la Sociedad de San Vicente de Paúl, que a su vez se pagaba con las cuotas de alquiler que abonaban las familias, la asociación debía otorgar las escrituras de compraventa en favor de los adjudicatarios. Aquí la PAH destaca una de sus principales denuncias: esas compraventas “nunca ocurrieron”. Según apunta, la propiedad de los inmuebles fue “retenida” por esta entidad católica, que siguió cobrando alquileres y percibiendo subvenciones por el uso y mantenimiento de los mismos, y “poco a poco fue desalojando a las familias originalmente adjudicatarias”. En su lugar las ocuparon otras familias sin recursos mediante “alquileres no declarados” y en unidades habitacionales que se encontraban en “estado ruinoso”.

La versión de la Sociedad San Vicente de Paúl es muy diferente. Ángel García, presidente de la Conferencia de esta asociación en Guadalajara, explica que el proceso para desahuciar esas tres viviendas se inició en el año 2014 tras comprobar que sus inquilinos no reunían los requisitos necesarios para catalogar su situación de exclusión social, algo “imprescindible” para habitar los inmuebles según los términos establecidos con la Condesa de Romanones.

“Son viviendas para pobres y si no se cumplen esas condiciones, se revertiría la propiedad”. Afirma que precisamente por eso nunca se vendieron a sus primeros adjudicatarios: “Se les cobraba un alquiler que iba de 150 a 500 pesetas, pero no podían comprar la vivienda porque no tenían recursos para ello. No era ni es un alquiler con opción a compra, porque en ese caso sí que se hubiera hecho negocio con ello y se hubiera vulnerado el acuerdo de quien nos cedió la propiedad”.

Desde la PAH también denuncian “irregularidades contables”. Argumentan que esta sociedad promotora ha recibido en los últimos años decenas de miles de euros para el mantenimiento de estas viviendas. “Pero consultada a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, no se ha podido verificar nunca si dichos pagos han sido justificados. Tampoco hay ningún alquiler registrado en el depósito de fianzas de la Junta de Castilla-La Mancha, y los ingresos por alquiler tampoco son declarados a la Agencia Tributaria”, añaden.

La organización católica niega los hechos, destaca que recibe 12.000 euros anuales del Ayuntamiento para necesidades de las familias (no de las viviendas) y señala que actualmente tiene 150.000 euros de deuda acumulada por impagos de inquilinos, desperfectos y seguros que les suben las primas por la gran cantidad de partes que dan. “¿Cómo vamos a hacer negocio con ellas si ni siquiera podemos mantenerlas?”, se pregunta Ángel García ante las acusaciones de la PAH de sus intenciones y del mal estado de las viviendas.

Añade que todas las subvenciones recibidas por parte del Ayuntamiento cubren partidas que ya ha adelantado San Vicente de Paúl y que están destinadas a las personas que habitan las viviendas. Y remarca que hay más impagos de los inquilinos y que por lo tanto solicitarán más desahucios, entre ellos sobrinos-nietos de inquilinos ya fallecidos que han entrado en una vivienda sin permiso de la sociedad promotora. “Mientras tanto, tenemos una lista de espera enorme de gente que realmente lo necesita”.

La situación ha llevado a esta organización católica a pedirle a la Junta de Castilla-La Mancha que se quede con las viviendas. En enero de 2018 remitieron una carta con esta propuesta al presidente, Emiliano García-Page, sin que obtuvieran respuesta. La pasada primavera trasladaron esta misma posibilidad al entonces director general de Vivienda, José Antonio Carrillo. Actualmente, están pendientes de que la Delegación de la Junta en Guadalajara estudie su propuesta antes de fin de año y “encontrar una solución definitiva”. Para ello, han ofrecido la cesión gratuita de las 96 viviendas.

“No tienen derecho a vivir ahí”

De cualquier forma, los desahucios inicialmente previstos para esta fecha afectan por ahora a tres familias del barrio, aunque se esperan más en las próximas semanas. La PAH afirma que uno afecta a una familia monomarental en situación de desempleo cuyo hijo tiene una discapacidad reconocida. Otro afecta al nieto de una de las primeras familias que llegó al barrio tras la adjudicación, en el que reside desde 2001. Este es el que previsiblemente se ejecutará hoy y sobre el mismo, San Vicente de Paúl explica que se trata de un abogado que no habita en la vivienda y que aunque la propiedad era de sus abuelos, “no tiene derecho a vivir ahí”.

Lo cierto es que estos desahucios se producen en el marco de las negociaciones para la cesión de las viviendas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y pendientes de que el Tribunal Supremo resuelva los dos expedientes donde se discute, entre otras cosas, si la Sociedad de San Vicente de Paúl puede seguir reteniendo la propiedad de este barrio. Como resumen, Ángel García critica las “mentiras, falacias y bulos” que se han vertido sobre ellos “solo por ser católicos”. “Nos han llamado franquistas, cuando esta sociedad nació el siglo XIX”.

El Ayuntamiento de Guadalajara, ahora en manos del PSOE es otra parte implicada. La PAH les acusa de no cumplir con la moción socialista que se aprobó en la legislatura pasada cuando este partido estaba en la oposición. Pero en el Consistorio municipal lo niegan, puesto que en esa iniciativa se pedía poner a disposición de los afectados toda la la documentación necesaria a la hora de defender sus derechos y hablar con otras partes implicadas, algo que “sí se ha hecho”, apuntan fuentes del Ayuntamiento.

Y a nivel municipal, son varios los encuentros que ha mantenido el Ayuntamiento de Guadalajara con la Plataforma y los afectados. El concejal de Servicios Sociales y Capacidades Diferentes, Ignacio de la Iglesia, destaca que el Consistorio se ha implicado en los casos de las personas en riesgo de exclusión social, los más graves, y que en esa labor están los trabajadores y trabajadoras sociales municipales. Actualmente, se están tramitando ayudas, en dos líneas diferentes, para dos de los tres afectados y en ambos casos esas soluciones se resolverán “según los informes sociales recabados”.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha destacan que “en casos como estos lo que hacemos es ofrecer las oficinas de intermediación hipotecaria para cualquier gestión o para asesorar a los ocho inquilinos, pero lo han rechazado”. Este departamento del Gobierno castellanomanchego incide en que “no tenemos muchas más competencias, más allá de la intermediación, porque no se trata de viviendas de nuestra propiedad”. Preguntados por la cuestión de la propiedad -deberían haberse cedido las viviendas a los propietarios en 1993- Fomento ha eludido pronunciarse.