Doce cuestiones del acuerdo PSOE-Unidas Podemos que podrían afectar a Castilla-La Mancha
Las comunidades autónomas y los gobiernos locales cobran especial importancia en el documento que recoge las prioridades que plantea el posible Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y que han dado a conocer este lunes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
¿Cómo puede afectar a Castilla-La Mancha? Apuntamos algunas cuestiones.
1.- El Estado de las Autonomías
De entrada se plantea una “actualización del Estado Autonómico” y con la vista puesta en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía se anuncian “reformas” de cara a subsanar “notorias disfunciones, desequilibrios y carencias que dificultan la correcta provisión de servicios a la ciudadanía y provocan tensiones entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos”.
Por ejemplo, se plantea una mejora en la colaboración y coordinación institucional entre la Administración General y las comunidades autónomas mediante “el empoderamiento de organismos ya existentes, como la Conferencia de Presidentes cuya celebración será anual, las Conferencias Sectoriales, y los convenios de colaboración de las comunidades autónomas con el Estado y de éstas entre sí”.
Habrá también nuevos mecanismos intergubernamentales en los que las comunidades autónomas puedan intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal bajo el principio de la multilateralidad, “lo cual no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales”.
2.- La financiación autonómica
Se especifica, sin detalles, la intención de desarrollar la previsión de las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios. En definitiva, un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas “que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual”, introduciendo “criterios territoriales para reducir la desigualdad y garantizar la efectividad de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos”.
También se cita la intención de ampliar “competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica” derogando la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que puso en marcha el PP, y aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.
3.-Políticas activas de empleo, desempleo y servicios sociales
En este punto se quiere mejorar, en coordinación con las comunidades autónomas, la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y se simplificará el sistema de protección por desempleo.
En el ámbito de los servicios sociales se apuesta por “una cartera mínima de servicios comunes de gestión descentralizada que potencie la intervención comunitaria través del impulso de una Ley Marco estatal de Servicios Sociales consensuada con las comunidades autónomas”.
En cuanto a la Dependencia, se quiere recuperar el nivel acordado derogado por el Partido Popular: “La financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron en 2012”.
También se elaborará un Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores, en coordinación con las comunidades autónomas, que permita garantizar una atención digna a los mayores.
4.-Vivienda en alquiler: más poder de decisión a comunidades autónomas y ayuntamientos
La intención en este punto es “frenar las subidas abusivas del alquiler” y por eso se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.
En este sentido, se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas (como País Vasco o Catalunya) que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.
Además, “los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda”
El objetivo de los índices de referencia es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.
5.- Uso social de la vivienda y parque público
Por otro lado, se pondrán a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para la detección y diagnóstico de las viviendas vacías o de los considerados “grandes tenedores de vivienda”.
Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
También se reorientará el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas, además de movilizar el suelo público que se encuentre disponible. En este sentido, se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas.
6.- Sin referencias al futuro de los residuos nucleares en España
No está entre las prioridades del acuerdo definir qué pasará con los residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas: si se optará por un modelo de almacenes individuales en las nucleares o si terminará construyendo el Almacén Centralizado (ATC).
Aunque lo que sí se apunta es la intención de desarrollar planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares ( por ejemplo la de Almonacidad de Zorita) con calendario conocido.
7.-¿Un guiño en contra del trasvase?
No se alude directamente en el acuerdo al cierre del polémico trasvase Tajo-Segura pero sí se especifica la idea de consagrar “el acceso al agua como un derecho humano y no como un bien mercantil. Se prohibirá, por tanto y como parte de este principio, la compraventa de derechos concesionales del agua”.
8.-Macrogranjas: ¿hasta dónde llegará la Ley de Bienestar Animal nacional?
El que podría ser el nuevo Gobierno central tiene intención de impulsar una Ley de Bienestar Animal con mejoras en el control de la producción de animales de consumo. ¿Afectará a la proliferación de la macrogranjas? Difícil saberlo de momento.
9.- Medidas contra la despoblación
Uno de los grandes objetivos del nuevo gobierno será el de “revertir la despoblación”. Esa que afecta en particular a buena parte de Castilla-La Mancha. Las medidas salpican varios puntos del acuerdo. No solo se reitera la intención de poner en marcha la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven, sino que se especifica que habrá “oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente”
Para afrontar el reto demográfico, también se impulsará la “desconcentración institucional del Estado”, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades. Un proceso que, sostienen, “se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados”.
También se aprobará un Plan de Ciberseguridad y se creará un Foro nacional de ciberseguridad, para el desarrollo tecnológico y la investigación, potenciando la oficina de coordinación cibernética a nivel nacional, así como la coordinación de las iniciativas de ámbito autonómico y local para reforzar la efectividad de la red en todo el territorio nacional.
10.- La apuesta en la PAC
Para el sector agrario se defenderá una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales españolas durante todo el periodo financiero 2021-2027. Además, se definirá e implementará un Plan Estratégico Nacional para la PAC post 2020 que tenga en consideración todas las necesidades de la agricultura, la ganadería, la selvicultura y el medio rural y el apoyo a la agricultura familiar y profesional, entre otras cuestiones.
11.-“Memoria democrática”: ¿afectará al Alcázar de Toledo?
Uno de los puntos del acuerdo se refiere a la “recuperación de nuestra memoria democrática” que recoge la intención del Ejecutivo de retirar la simbología franquista de los lugares públicos estableciendo la prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público y se auditarán los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares.
¿Podrían afectar estos aspectos al Alcázar de Toledo y más en concreto a la tumba del general Moscardó? Hay que recordar que en 2018 Podemos preguntó en el Senado por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en relación a la cripta que se encuentra en el Alcázar de Toledo, donde se encuentran enterrados “varios generales que se levantaron en armas contra la legalidad constitucional del 36”, como el de los generales José Moscardó, “uno de los más sanguinarios de la Guerra Civil, o el de Jaime Milans del Bosch.
12.- Otras cuestiones: sistema electoral y bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia
Hay referencias también al sistema electoral en el que se eliminará el voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, y europeas y municipales.
En otras cuestiones, se realizarán las “modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.
