Cinco personas han sido detenidas como presuntos miembros de un complejo entramado empresarial dedicado a la importación, comercialización y distribución irregular de toneladas de gases, que empleaban para la refrigeración.
La organización realizaba toda esta actividad incumpliendo la normativa comunitaria, ya que carecía de la cuota obligada, provocando la emisión de toneladas de gases a la atmósfera sin autorización. Esta cuota, el límite de gases que puede importar un importador en un año, está establecido por la Unión Europea para cada país y se fija como medida de protección del medio ambiente.
La operación la llevaban a cabo funcionarios de la Agencia Tributaria junto a la Policía Nacional, y en colaboración con la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude y han desarticulado la organización más activa dedicada a la importación y tratamiento ilegal de gases fluorados.
De hecho, es la mayor a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero, con la intervención de más de 27.000 kilos de gases fluorados, que tenían un valor de mercado superior a 250.000 euros. Además, se descubrieron más de 180.000 kilos, con un valor superior al millón de euros.
Inicio de las actuaciones, en Ciudad Real y Madrid
Las investigaciones comenzaron a partir de las inspecciones practicadas en dos naves industriales de empresas ubicadas en la localidad de Almagro (Ciudad Real) y en el municipio de Campo Real (Madrid), y que se llevaron a cabo al tener conocimiento de la descarga de dos contenedores de botellas de gases fluorados que habrían sido importados sin cumplir los requisitos establecidos reglamentariamente.
En total, se procedió a la intervención cautelar de 2.126 botellas, equivalentes a más de 27.000 kilos de gases fluorados. Igualmente, fueron encontradas 1.068 botellas vacías ubicadas a la intemperie en un patio exterior, estando algunas de ellas prohibidas por la Unión Europea, con independencia del gas contenido.
Por último, se localizó un número indeterminado de botellas seccionadas por la mitad, lo cual suponía la emisión directa del gas residual a la atmósfera, así como un grave peligro.
También se observaron diferentes irregularidades de naturaleza administrativa relacionadas con la manipulación de recipientes, el etiquetado y repintado de botellas y la gestión de residuos, entre otros.
Distribuidos por España, Alemania, Francia, Portugal y Senegal Tras avanzar en la investigación, se determinó que el modus operandi del grupo criminal consistía en la creación de empresas a nombre de testaferros que se llevarían dedicando desde el año 2018 a la importación de gases fluorados de China, eludiendo los controles aduaneros mediante la declaración en los documentos únicos administrativos de una partida arancelaria incorrecta que no correspondía con el género importado.
Posteriormente, una vez en los almacenes de Almagro y Campo Real, se distribuían los gases fluorados mediante una empresa de logística a clientes de España, Alemania, Francia, Portugal y Senegal.
Se calcula que el descubrimiento de la mercancía importada sería de más de 15.000 botellas de gases fluorados. Aún se está analizando la documentación para calcular la cantidad total de gases importados.
No obstante, teniendo en cuenta el volumen mínimo de los recipientes, se puede estimar que la cantidad de gas fluorado importado es superior a los 180.000 kilos. La mayoría del gas importado es R134A, que tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 1.300, lo que significa que una emisión de una tonelada equivale a la emisión de 1.300 toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo en esta cantidad al potencial de calentamiento global.
En resumen, este grupo era presuntamente responsable de la emisión a la atmósfera, incumpliendo la normativa comunitaria y, por lo tanto, sin autorización, de lo equivalente a más de 234.000 toneladas de dióxido de carbono.
Además, se realizó una nueva inspección en el establecimiento comercial de un cliente final, en Tarragona, averiguando que se habría distribuido género que había sido previamente intervenido de manera cautelar. También se habrían distribuido botellas de gases fluorados que no contenían el gas etiquetado y facturado, para lo cual se manipuló el recipiente.
Y todo ello lo llevaban a cabo con ánimo de lucro, ya que la botella facturada tiene un valor seis veces superior, y evadiendo la carga fiscal asociada.
Finalmente, se desarrolló un operativo policial en el cual se practicó una diligencia de entrada y registro en el domicilio fiscal de la principal empresa, procediéndose a la detención de cinco personas como miembros de un grupo criminal y esclareciéndose los delitos de contrabando, contra el medio ambiente, estafa, desobediencia grave y pertenencia a grupo criminal.