El proceso participativo del Plan Estratégico de Economía Social de Castilla-La Mancha ha llegado a su fin y prácticamente todas las aportaciones las ha realizado la Confederación de Asociaciones de empresas de este sector en la comunidad autónoma. En esas alegaciones, este colectivo pide ampliar, de manera significativa y en una futura ley, los objetivos marcados en el borrador inicial de la estrategia presentada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, aumentando el espectro de actuación y las medidas a adoptar. Algunas de ellas han sido incorporadas parcialmente al documento del Gobierno regional.
Así sucede por ejemplo en el caso de los objetivos estratégicos, donde estas asociaciones piden incorporar, en una futura ley, algunas acciones como incentivar las iniciativas de fortalecimiento a través de redes de las familias de la Economía social, especialmente cooperativas y centros especiales de empleo. A ello añaden transversalizar este sector en la Administración Pública y crear foros de diálogo permanente con el Estado; así como fomentar el cumplimiento de los criterios actualmente regulados en materia de compra responsable y reservas en la contratación, mediante cláusulas sociales.
En este sentido, en sus aportaciones piden el establecimiento de criterios de priorización en todas las convocatorias de ayuda de todas las consejerías del Gobierno regional a los proyectos presentados por empresas de la economía social, incorporándolas asimismo en la Mesa de Diálogo Social.
En el apartado referente a la puesta en valor y visibilidad de la economía social, la Confederación propone un sistema de información “consistente y fiable” sobre el sector dentro de un Observatorio regional. Junto a ello, incorpora la creación de ‘partenariados’ público-privados que incrementen de forma progresiva la interacción entre empresas de esta índole. Con ese objetivo también pide la apertura de las empresas a la ciudadanía mediante jornadas de puertas abiertas y la puesta en marcha de un sello distintivo de “Empresa de Economía social”, creando un órgano mixto público-privado que verifique el cumplimiento del reglamento técnico.
Para el impulso a la actividad emprendedora y el crecimiento de las nuevas empresas de este sector, el colectivo propone acciones de sensibilización, con especial énfasis entre las personas jóvenes, con actividades en la Educación Secundaria y la Formación Profesional (FP), así como generación de materiales de difusión para la realización de seminarios, campañas y otros mecanismos de estimulación de la demanda. En ese horizonte de llegar a la juventud, también incluye un plan de trabajo con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para la creación de una cátedra de Economía Social y un Master en Dirección de Empresas de Economía Social. En esta línea, pero con el objetivo puesto en toda la ciudadanía, demandan planes de formación accesibles para todas las personas, mediante acciones conjuntas con diputaciones y ayuntamientos.
Red de técnicos, empleo y colectivos vulnerables
El desarrollo de una red de técnicos con conocimientos de gestión y del tejido socio-económico de la región es también otras de las peticiones, al igual que la inclusión de la economía social en la formación reglada y acoger a las entidades del tercer sector como espacio del fomento del emprendimiento de este tipo de compañías.
El objetivo de generación de empleo comprometido con la cultura de empresa de la economía social es uno de los más destacados, y en este bloque la Confederación de Asociaciones propone revisar la línea de ayudas de para la contratación de empresas de economía social, incentivos para la incorporación de personas desempleadas en el sector, programas de formación específicos para la ciudadanía, e incentivación a la realización de cursos teórico-prácticos.
Finalmente, hay una serie de propuestas incluidas en el bloque de medidas trasversales para colectivos vulnerables. Entre ellas está la inclusión de indicadores que permitan identificar la situación y evolución de estos grupos en la economía social, así como la integración de la gestión de la inclusión y la diversidad en estas empresas.
Los incentivos para la elaboración de planes de igualdad; el impulso de medidas que favorezcan la incorporación de jóvenes, personas con discapacidad y mujeres en los equipos directivos o funcionales; la transformación digital inclusiva; los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, y las actividades para favorecer la inserción laboral o la contratación de personas desempleadas de larga duración, son otras de las acciones incluidas por estas asociaciones en sus aportaciones al borrador.