Empresas de inserción: las claves de un sector de la economía social que sigue en pie pese a la crisis

Como Capital Europea de la Economía Social, la ciudad de Toledo acogió recientemente un acto conmemorativo de las empresas de inserción. Son aquellas que contratan a personas en exclusión, procedentes de centros penitenciarios o de situaciones de empleo de larga duración, derivadas a través de las entidades sociales para trabajar ahí de manera temporal y consolidar un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario de cara al futuro. En Castilla-La Mancha son ocho las que se agrupan en torno a la Asociación regional de Empresas de Inserción (ASEIRCAM) y las que están sobreviviendo a la crisis sociosanitaria, demostrando la “resiliencia” de la economía social.

Rafael López es el presidente de esta asociación y el director de la Fundación El Sembrador de Albacete, dedicada a este sector. Nos cuenta cómo el colectivo lleva casi 10 años en pie desde que nació fruto de la necesidad de las empresas de inserción de tener un ámbito de reivindicación, pero también de compartir las experiencias. “A lo largo de este tiempo hemos ido capeando dificultades pero también ayudándonos los unos a los otros para seguir fomentando este tipo de iniciativas”.

Son pocas las empresas de inserción de esta comunidad autónoma, pero no resulta extraño puesto que no fue hasta 2018 cuando se aprobaron ayudas específicas, lo que ha dificultado el crecimiento de los proyectos, que no buscan solo la rentabilidad económica, sino también la social. En esta región operan en sectores que van desde la hostelería hasta el medio ambiente y la producción textil. “No competimos en condiciones de igualdad con el resto de empresas del sector en las que lo que prima es el beneficio y la persona está al final. Trabajamos en el mismo mercado pero las herramientas no son las mismas, y la persona está al principio de todo”.

La regulación estatal de estas iniciativas data del año 2007 y establece los requisitos para poder formar parte de los registros autonómicos. Por ejemplo, al menos el 51% del capital social de la empresa tiene que estar impulsado por una entidad social durante los tres primeros años, y el 30% de los trabajadores tienen que venir de itinerarios de inserción, un porcentaje que debe ser el 50% a partir del cuarto año.

Los trabajadores y trabajadoras tienen un certificado de exclusión elaborado por los servicios sociales y deben firmar, junto con el contrato laboral, un acuerdo de inserción mediante el cual están de seis meses a tres años mejorando su empleabilidad hasta que se considere que tienen la preparación suficiente para trabajar en una empresa ordinaria. Se facilita a los contratados y contratadas que hagan frente a posibles cargas familiares, que terminen los estudios o que se saquen en carné de conducir. Así lo pactan con los servicios sociales y con la empresa en cuestión, y a lo largo del tiempo se va evaluando si se ha superado la situación de exclusión.

Rafael López deja claro que, aunque trabajan en varios sectores, el principal producto “son las personas” y es “por lo que se nos debe valorar a final de año”. Considera fundamental que no haya injerencias de entidades que busquen solo rentabilidad económica y para ello la asociación apuesta por reformar una ley estatal que está “obsoleta”. Por ejemplo, explica que debería contemplar mayor agilidad a la hora de realizar los certificados de las personas en inserción para dar mayor rapidez a las contrataciones, ya que es uno de los motivos que impiden a estas empresas responder en el mercado “con la urgencia que sería deseable”.

Una bolsa cada vez más grande de desempleados con formación

También opina que el sistema de perfiles de personas a las que pueden contratar es muy rígido, cuando actualmente ese margen se podría ampliar, sobre todo por la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia de COVID, que ha dejado en paro a personas que tienen un nivel de formación importante pero que ahora se han quedado en situación de exclusión. “Esa bolsa cada vez es más grande y con perfiles cada vez más normalizados, por lo que deberíamos adaptarnos a estas nuevas realidades”.

Precisamente la adaptación está siendo la receta de estas empresas para sobrevivir a la crisis. “La verdadera complicación es lo que está por venir. Estamos sufriendo como todas las empresas porque a fin de cuentas estamos en el mercado”, subraya. Por ejemplo, en El Sembrador una de las líneas de inserción es la hostelería y ahí “estamos pasándolo muy mal”. Son estructuras escasas en número de puestos de trabajo pero tienen programas de inclusión muy eficaces, con gente que sale “muy preparada”, pero “ahora lo que estamos intentando es mantener las estructuras y servir al resto de la sociedad manteniendo nuestros puestos de trabajo y no cerrando”.

“Para nosotros ya es un logro que sigamos abiertas, dando ejemplo de cómo la economía social está demostrando que es mucho más resiliente que otros sectores y apostando por mantener los puestos de trabajo por encima de todo”, remarca. Sin embargo, consideran que aunque el respaldo administrativo, en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha incrementado desde la línea específica de apoyo de 2018 y las nuevas ayudas, serían deseables más acciones para cubrir el déficit de productividad en los trabajos en inserción y también para los técnicos de acompañamiento.

El presidente de ASERICAM precisa asimismo que, debido al tipo de contratación, es necesario mantener una relación directa con los servicios sociales y con los servicios de empleo, y que en ese sentido, facilitaría el trabajo de estas empresas que hubiera un protocolo de actuación tal y como está regulado en el decreto del registro autonómico. “Eso lo vamos salvando con la gran profesionalidad de los trabajadores sociales y de los servicios de empleo” y también con un manual de acompañamiento elaborado por la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) donde se establecen las orientaciones al respecto.

“Estamos invirtiendo en toda la sociedad, por justicia social, porque la gente tiene derecho a tener un trabajo, pero además es que hay un retorno económico. Un trabajador de una empresa de inserción genera 6.082 euros de media a la sociedad, porque deja de tener ayudas finalistas y empieza a producir”, argumenta.    

Ante todo, insiste en que se trata de un recurso escaso y que necesitan el apoyo de las entidades sociales pero también de la Administración. “Una persona que ha estado 20 años en prisión no va a rendir igual, por ejemplo de camarero, que el de la cafetería de en frente, donde han cogido al mejor camarero posible. Eso tenemos que cubrirlo, porque ni el mercado ni la sociedad están preparados para pagar un poco más en una cafetería solo porque hay un valor social añadido. Debería ser así, por una cuestión ética, pero no lo es y necesitamos respaldo para esa función social”, concluye.