Se ha reanudado en la Audiencia Provincial de Guadalajara el macrojuicio por el incendio de una planta de residuos peligrosos en Chiloeches en agosto de 2016. De los 21 imputados, hoy ha declarado César Urrea, que fue concejal de Urbanismo de 2001 a 2011 y posteriormente alcalde de esta localidad de 2011 a 2015 por el Partido Popular. Es el último cargo público que declara tras sentarse en el banquillo de los acusados otros seis ex altos cargos del Gobierno de Castilla-La Mancha en las sesiones anteriores. Urrea es el político para quien la Fiscalía pide una mayor pena de prisión: 14 años de inhabilitación y cinco de cárcel por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.
El Ministerio Fiscal considera que siendo conocedor de la actividad de residuos peligrosos a pesar de su situación de ilegalidad y de carecer de toda licencia de actividad y del riesgo de contaminación directa e incontrolado del agua subterránea, “eludió la realización de toda inspección por los técnicos municipales en las instalaciones impidiendo con ello la función auditora y permitió la normal explotación de la actividad industrial potencialmente peligrosa a lo largo del tiempo”.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, César Urrea autorizó en Junta de Gobierno Local en junio de 2012 la concesión de la licencia urbanística pese a carecer de la preceptiva licencia municipal de apertura del establecimiento, hasta que con fecha de 17 de junio de 2016, por Acuerdo del nuevo Ayuntamiento de Chiloeches, se resolvió la clausura y cierre de las instalaciones. Dos meses después de produjo el incendio.
El ex alcalde ha negado cada uno de estos extremos durante su interrogatorio. En primer lugar, ha dicho haberse enterado en el proceso de instrucción de esta causa del expediente, tanto de la situación ilegal de la planta por la falta de informe de compatibilidad urbanística, como de las actuaciones que allí se estaban desarrollando. Es decir, desconocía la trama criminal de gestión de residuos peligrosos que, según la Fiscalía, operaba desde la planta.
También ha dicho desconocer que, durante el tiempo en que fue concejal de Urbanismo, tuviera conocimiento de que las instalaciones no tenían licencia de apertura aunque sí le constaba que estaban funcionando. Preguntado por el requerimiento que en 2010 realizó el Gobierno regional pidiendo el informe de compatibilidad urbanística de la planta, entonces funcionando únicamente como chatarrería pero en una extensión de 25.000 kilómetros cuadrados de suelo industrial, el ex alcalde se ha aferrado que en ningún momento tuvo conocimiento de “ninguna ilegalidad” hasta que entró como alcalde de 2011.
A partir de ese momento, ha explicado que el técnico municipal le explicó que Kuk Medioambiental (la empresa entonces propietaria) tenía dos naves fuera de la ordenación urbanística, por lo que le pidió que legalizara la situación. “Es cuando empieza el proceso de legalizarlo”, ha apuntado. No obstante ha dicho desconocer por qué esas instalaciones pasaron a tener 35.000 kilómetros cuadrados en esos cuatro años, hasta 2015.
Preguntado por si en algún momento decidió adoptar alguna medida cautelar a la luz de la información de la Administración autonómica de que se estaban tratando residuos peligrosos cuando solo existía una licencia para plásticos, ha vuelto a repetir: “A mí nadie me comunica que hubiera una situación ilegal”. Después, la situación se “resolvió” en mayo de 2012, pero ha reiterado que solo firmó “lo que me decían los técnicos. Yo no soy técnico”.
“En 2011 los técnicos me dicen que (las instalaciones) son legalizables jurídicamente, y hago lo que me dicen y firmo lo que me dicen ellos con los informes favorables. En 2012 no tengo ningún informe que diga que ahí haya algo ilegal. Me presentan un documento donde se dice que se ha cumplido. Yo confío en ellos. Jamás he incumplido los informes para aprobar o desaprobar algo”, ha argumentado después. También ha dicho no tener conocimiento de por qué el siguiente alcalde de la localidad apenas tardó unos meses en constatar la situación de irregularidad y cerrar planta. “Si detectó algo incoherente y los ténicos se lo dijeron, pues lo habrá hecho bien”.
Deuda de 70.000 euros en impuestos
Y sobre el hecho de que estas instalaciones tuvieran una deuda de 70.000 euros en impuestos, Urrea ha afirmado que los funcionarios reclamaron esas cantidades por vía de “apremio”, al tiempo que ha admitido que, mientras, la empresa aportaba donaciones para actividades lúdicas de la localidad.
Asimismo, el exalcalde de Chiloeches ha dicho que no tiene constancia de quejas, ni personal ni por registro, por el trasiego de camiones y cisternas que entraban al polígono donde se encontraba la planta de residuos. Y ha negado en varias ocasiones que hubiera algún tipo de trato de favor o que las donaciones que realizaba la empresa se hicieran a cambio de los que expedientes sobre los incumplimientos estuvieran parados.
Finalmente, ha manifestado su “perplejidad” por el incendio de 2016 cuando se suponía que su actividad estaba cerrada. “No daba crédito a lo que estaba pasando”, ha recalcado, insistiendo a preguntas de otros letrados en que, mientras fue concejal y alcalde, nunca nadie le comunicó “nada irregular” y que “jamás” recibió prebendas a cambio de hacer la “vista gorda” en los expedientes relacionados con esta empresa.
En octubre de 2017, tras el incendio y cuando era portavoz del PP en la oposición municipal, César Urrea ya se enfrentó a otro proceso judicial acusado de dos presuntos delitos de cohecho por los que la Fiscalía pidió seis años de prisión. El jurado popular lo absolvió por falta de pruebas. El ex alcalde consideró entonces que era un “complot” de antiguos compañeros del PP y otros ediles del PSOE que solo perseguían “calumniarle”.