La Fiscalía archiva la investigación abierta por la gestión del confinamiento de los temporeros en Albacete

Un decreto de la Fiscalía Provincial de Albacete archiva las diligencias de investigación penal abiertas por cómo se llevó a cabo el confinamiento de los trabajadores temporeros que se encontraban en el asentamiento de la carretera de las Peñas, cuando se detectó un brote de contagios por Covid-19 el pasado mes de julio.

Lo ha anunciado el Ayuntamiento de Albacete que ha valorado el decreto en el que se exonera de responsabilidad al Consistorio por su participación en la gestión de esta crisis sanitaria y social.

Entre otras cosas, el decreto recoge que el Ayuntamiento “no hizo dejación de sus funciones”, sino que intervino de conformidad a sus competencias sociales, así, asumió la limpieza de las instalaciones donde fueron confinadas estas personas -primero en el Instituto Ferial de Albacete (IFAB) y después en pabellones-; aportó el personal para este servicio, también personal de seguridad, instaló aseos portátiles y papeleras… 

Según el Consistorio, la división de los confinados en grupos de 25 personas en distintos pabellones polideportivos, que se decidió el 5 de agosto, vino a solucionar las dificultades de sectorización que había en el recinto del IFAB. Dificultades que venían dadas tanto por motivos técnicos, como de seguridad y por una “falta de claridad del auto [judicial] en la definición de las obligaciones”.

El expediente judicial de confinamiento no fue notificado oficialmente al Ayuntamiento de Albacete hasta el 5 de agosto, 19 días después del inicio de la crisis, aclara. 

La resolución que confirmó el confinamiento, “no concreta las obligaciones de cada una de las administraciones”, afirma el fiscal en su escrito, según detalla el Consistorio, pues únicamente indica una obligación genérica de coordinación, sin concreción. Pese a ello, tal y como reconoce el Ministerio Público en su decreto de archivo, el Ayuntamiento actuó ejerciendo sus competencias en el orden social.

Hay que recordar que la Fiscalía Provincial de Albacete incoaba, el pasado mes de agosto, diligencias de investigación para esclarecer una posible “responsabilidad por desobediencia” después de que las autoridades sanitarias recomendaran la “sectorización o división de los temporeros en grupos de no más de 25 personas” en la ciudad de Albacete, tras darse entre ellos varios casos positivos en COVID-19.

Fue el 24 de julio cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete ratificó la resolución de la Delegación Provincial de Sanidad del Gobierno castellanomanchego en la que se acordaba el confinamiento de más de 200 temporeros, los ubicados en el asentamiento ilegal de la carretera de Las Peñas, para prevenir un posible contagio de coronavirus, pues se habían detectado casos positivos entre esas personas.l

Gobierno central, Junta de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento los separaron finalmente por grupos, pero lo hicieron a partir del 6 de agosto y no desde el 24 de julio en que se emitió el auto de requerimiento. Y además lo hicieron después de que un grupo de estos temporeros intentase huir el lugar que las autoridades eligieron en primera instancia para el confinamiento, la Institución Ferial de Albacete. Desde entonces, la Fiscalía ha estado investigando un posible “incumplimiento”.