La Fiscalía del Supremo se querella por prevaricación con una alcaldesa de Toledo
La alcaldesa de Corral de Almaguer, Juliana Fernández, se enfrenta a una querella por presunta prevaricación al quitar multas a allegados del gobierno municipal que además ha presentado contra ella el Tribunal Supremo (la alcaldesa es también senadora por el Partido Popular y por tanto aforada, por lo que su acusación debe realizarse por otro cauce distinto a los órganos locales y provinciales).
Este proceso fue iniciado a raíz de una denuncia del propio jefe de la Policía Local del municipio, que percibió cómo la alcaldesa retiraba “decenas de multas” a familiares de concejales municipales, algo que de hecho está registrado en documentos donde en la retirada de la infracción alude una observación que dice “familiar de una concejal” en varias de ellas. La denuncia fue llevada a la fiscalía provincial de Toledo que después ha pasado el caso al Tribunal Supremo por la condición de aforada de Fernández. Si el tribunal la acepta, nombrará un instructor para la misma y llamará a declaración a la alcaldesa por los hechos en el máximo tribunal.
Desde el municipio ya se ha intentado por un lado restar importancia al asunto y por otro el teniente de alcalde, Vicente González, sobre el que también pesa la demanda, asumió toda la responsabilidad de los hechos denunciados indicando en una comparecencia pública que la alcaldesa no tenía nada que ver con el tema. Juliana Fernández, a pesar de esta denuncia por la Fiscalía del Supremo, vuelve a presentarse como candidata a alcaldesa por el PP en las próximas elecciones (el teniente de alcalde también va en la lista, pero en el número 8).
El 4 de febrero hablaba de este tema Nacho Abad en la edición en papel del diario La Razón. Se refería a Juliana Fernández como “la alcaldesa quitamultas”, y es que muchos de los multados, bajo cualquier excusa, pedían que su sanción viaria no se efectuara, y posteriormente el Ayuntamiento aceptaba esta petición y sobreseía la denuncia. Al texto acompaña el decreto municipal número 734 de 9 de septiembre de 2013 en el que se acepta no pasar a la DGT una denuncia por un vecino que condujo bajo los efectos del alcohol. En las alegaciones, el vecino expresaba que “tenía prisa porque creía que me estaban robando en mi nave” y no se había dado cuenta de que había bebido. La tasa de alcohol era del doble de la permitida y el infractor pagó la multa en pronto pago beneficiándose de la reducción del 50% del coste pero recurría la retirada de seis puntos del carné.
Saltarse un vado, la mayoría por aparcamientos no legales, en doble fila, conducir usando el teléfono móvil o bajo los efectos del alcohol son algunas de las denuncias retiradas que acompañan también la denuncia. A quienes se les retira son familiares de concejal o de un familiar que va en las listas electorales.
El alcalde del también toledano municipio de Yuncos, Gregorio Rodríguez, ha quedado inhabilitado para cargo público durante siete años precisamente por los mismos hechos.
