El Gobierno castellano-manchego rechaza la petición de Podemos para legislar sobre minería de tierras raras

No hay intención por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de tramitar una ley específica para regular la minería de tierras raras en esta comunidad autónoma. El Ejecutivo ha rechazado la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que registró el Grupo Parlamentario de Podemos para legislar sobre este tipo de prácticas mineras, después de que se tumbara el proyecto de la empresa Quantum en el Campo de Montiel (Ciudad Real) tras su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa. Considera el Gobierno regional que no hay presupuesto para tal objetivo una vez prorrogados para el presente ejercicio los Presupuestos autonómicos de 2018 y que además hay una “amplia normativa sectorial” que regula esta actividad.

La posición de la Junta respecto a la propuesta de Podemos se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha junto con dos informes que justifican su decisión. Básicamente, establecen que poner en marcha una ley específica sobre minería de tierras raras supondría un aumento de crédito presupuestario en el ejercicio 2019 para la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Con ello, la Mesa de las Cortes declara concluida la tramitación de la propuesta, pero fuentes de la formación morada adelantan que el Grupo Parlamentario recurrirá esta decisión.

El primero de los informes adjuntos lo ha elaborado la Dirección General de Industria, Energía y Minería, y en el mismo su titular, José Luis Cabezas, recuerda la potestad del Gobierno para dar su conformidad o no con la tramitación de proposiciones de ley teniendo en cuenta el aumento de crédito. Argumenta que, teniendo en cuenta los recursos necesarios para su puesta en marcha, especialmente el Plan Estratégico Sectorial que propone Podemos, los presupuestos no contemplan los gastos que podrían derivarse de esta iniciativa.

También realiza el Gobierno otras consideraciones. En primer lugar, establece que cualquier proyecto minero que se promueva en la región ha de contar con un proyecto técnico, un estudio de evaluación ambiental y un proyecto de restauración que han de ser autorizados. Y añade que la técnica minera para la explotación de tierras raras no difiere de la utilizada en la explotación de otros recursos minerales. Por eso destaca que se trata de una actividad “muy regulada”, existiendo “un amplio elenco de normativa tanto básica estatal como autonómica que le es aplicable”.

Un futuro Plan Estratégico de Recursos Minerales con horizonte 2030

Recuerda por último el Plan Estratégico de Recursos Minerales no Energéticos de Castilla-La Mancha Horizonte 2020, entre cuyos objetivos se garantiza el acceso a las materias primas y se regulan las condiciones para potenciar un suministro sostenible de estas últimas. La vigencia de este plan, añade, permite haber iniciado los trabajos para la elaboración de una nueva planificación energética con objeto de abordar de forma integral todos los recursos susceptibles de explotación en Castilla-La Mancha con el horizonte de 2030.

El segundo documento adjunto es un informe detallado de la repercusión presupuestaria de la aprobación de la propuesta de Podemos y está firmado por el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo. En el mismo se establece que su puesta en marcha supondría un esfuerzo presupuestario similar al que se realiza para la puesta en marcha de la ya aprobada Ley ‘Antifracking’: análisis documental y servicio de elaboración del plan estratégico. Este último necesitaría a su vez una evaluación estratégica. Alega que la propuesta de Podemos plantea un nuevo trámite -la remisión del expediente administrativo de cada solicitud de minería de tierras raras- en el que se vería implicado el órgano ambiental, con un “esfuerzo adicional y una carga de trabajo no estimado e inexistente en la actualidad”.

Por último, el Gobierno plantea sus dudas sobre quién financiaría la revisión por “tercera independiente” que propone la formación morada sobre la suficiencia de las solvencias financiera, técnica y científica de la empresa solicitante y su proyecto. Y por todo ello, la Viceconsejería de Medio Ambiente insiste en que los presupuestos de 2019 no contemplan ninguno de estos gastos.

La reacción de la Plataforma Sí a la Tierra Viva no se ha hecho esperar. Este colectivo vecinal, que fue el que combatió el proyecto de Quantum ya rechazado, se ha mostrado “decepcionado” y contrariado“ ante ”la falta de voluntad política“ del Gobierno de García-Page para regular por ley la minería de tierras raras. Lamenta que al final de esta legislatura, el Gobierno ”se decante por desoír las peticiones ciudadanas realizadas durante buena parte de la misma“.

Con ello, opina la Plataforma, el Ejecutivo no solo “no cumple el mandato” de las Cortes de Castilla-La Mancha de febrero de 2017, que por mayoría absoluta instaron al Gobierno regional a iniciar los trámites para legislar sobre minería de tierras raras, sino que también “impide la iniciativa legislativa propia de la institución que representa a todos los castellano-manchegos en un amago de despotismo ilustrado”.

“Hurtar el debate parlamentario con el argumento de que la minería de tierras raras cuenta con un amplio elenco de normativa sectorial que la regula resulta peregrino, toda vez que corresponde a los poderes públicos adecuar la norma a la realidad social y económica facilitando la iniciativa legislativa, máxime en este supuesto cuando la Ley de Minas data del año 1973. Ello es señal de falta de voluntad política”.

Por otro lado, destaca que el argumento de la falta de crédito presupuestario para la elaboración del plan estratégico sectorial que requeriría la proposición de ley, evaluado en 120.000 euros por la Viceconsejería de Medio Ambiente para el caso similar de la vigente Ley ‘Antifracking’, hace “desmerecer la preocupación mostrada por las comarcas que se han visto afectadas por proyectos mineros de tierras raras, ponderando la misma en términos cuantitativos”.

La Plataforma Sí a la Tierra Viva recuerda que el propio Ejecutivo reconoció que hubo “un ambiente de presión del sector” para posibilitar el proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, y bajo ese argumento le insiste en la “necesaria valentía política para afrontar el reto que supone garantizar a la ciudadanía, mediante una ley autonómica, que la minería de tierras raras no producirá perjuicios en la salud pública y el medio ambiente, basados en la evidencia científica expuesta en múltiples estudios internacionales”.