Esperan que sea un éxito y que colaboren “tanto los vecinos de Alcázar como los de otras localidades que quieren defender los servicios públicos”, en palabras del coordinador local Antonio Jesús García. Así, Izquierda Unida ha abierto una causa por la que crea una cuenta corriente bancaria denominada “Querella ciudadana 'Aguas de Alcázar'” en la que cualquier persona puede hacer su aportación económica y cuyos fondos irán destinados a presentar una querella ciudadana para llevar a los tribunales a los concejales de Alcázar de San Juan que aprobaron en pleno la venta de la empresa municipal 'Aguas de Alcázar' (es decir, los 9 del Partido Popular, actual alcalde incluido, y los 2 de 'Ciudadanos por Alcázar'). “Queremos denunciar a quienes lo han hecho”.
La idea, expresada ya en algunas ocasiones, que ha sido puesta en marcha ahora por la formación, es denunciar a los concejales “por causar perjuicio al municipio” ya que han vendido la empresa “muy por debajo de su precio real” en valoración del coordinador local de IU. Con interponer una querella pretenden también “esclarecer todo lo que ha pasado durante el proceso”, refiriéndose a lo intrincado que ha sido el proceso por el que se ha vendido la empresa pública a Aqualia.
La cuenta, abierta en la entidad 'La Caixa', está ya habilitada para recibir las donaciones que cualquier particular quiera realizar para apoyar el proceso.
Además, desde la coordinación provincial del partido como el propio García han presentado un informe realizado por la formación de más de 130 páginas en el que se analiza los perjuicios y las gestiones de las empresas privadas frente a las públicas en la gestión del agua de un municipio. Se ponen de ejemplo los casos de Miguelturra (Ciudad Real), Valverde de Júcar (Cuenca) y Carrión de Calatrava (Ciudad Real) entre otros, cuyas aguas las gestiona la empresa privada Aquona, y que, según informe de la Consejería de Sanidad, se declaró que no eran aptas para su consumo, que no era potable ya que “no presentaban los índices de salubridad suficientes”.
Dicha empresa quiso cargar a las arcas de las localidades los costes de la instalación de un nuevo depósito del agua por coste de 1'2 millones de euros, algo que era dependencia de la empresa una vez se le adjudicaba la gestión de las aguas. “lo que demuestra cómo las empresas privadas incumplen sus contratos, no realizan inversiones y se pierde calidad en el servicio. Demostrando ser una estafa para los ciudadanos”, completaba García.
No sólo el agua de las empresas públicas es de mejor calidad, sino que también, según el informe de IU, acaba siendo más barata, entre un 28% y un 34% más barata según el caso, demostrando la rentabilidad de las empresas. “En Castilla-La Mancha se está creando un oligopolio que se está repartiendo la gestión del agua para hacer negocio con este servicio”, señalaba Miguel Ramírez, coordinador provincial del partido.