El acto de presentación de las seis oficinas antidesahucios que hoy han comenzado a funcionar en Castilla-La Mancha ha servido al presidente de la región, Emiliano García-Page, para realizar un adelanto de la futura Ley Social de Vivienda que tiene previsto aprobar la Junta. Según ha querido destacar, será una normativa “potente y provocadora” con el objetivo de “abrir brecha” en el debate social.
El aspecto más significativo es esta futura normativa es que recogerá el derecho de la Administración a tener conocimiento antes de que se produzca el desenlace de cualquier intento de desahucio para personas con necesidad social. Page ha concretado que habrá un “trámite concreto y claro” que obligará a bancos e inmobiliarias a comunicar a la Administración para que se pueda establecer un mecanismo de intermediación.
La nueva Ley también incluirá la posibilidad de gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas y especulan con esa “acumulación” de inmuebles vacíos. “No vamos a por quienes tienen dos o tres casas, no queremos cortocircuitar el flujo económico”, ha avisado el presidente, precisando que la medida incluirá a las viviendas “acumuladas en pocas manos y que no se sacan al mercado esperando que suba el precio”.
Por último, la normativa incluirá una obligación para que en toda la planificación urbanística que se realice en la región, las distintas tipologías de viviendas se generalicen por todos los barrios. Es decir, buscará, mediante una mejor distribución, que no se “estanque” a la gente en función de la renta, ni se concentre a determinados colectivos en un barrio a modo de “gueto social”.
Este anuncio de García-Page se une al que realizó apenas hace 24 horas, sobre un proyecto de ley “muy revolucionario” que servirá para “simplificar los planes generales” en materia urbanística y que, al mismo tiempo, propicien la creación e instalación de empresas de una manera “fácil y cómoda”.